En conclusión, el ejercicio de la democracia comunitaria en Bolivia es potestad exclusiva de las NPIOC y del pueblo afroboliviano —que también goza de esas mismas prerrogativas (CPE, art. 32)—. Ninguna otra comunidad, organización o persona debería aprovecharse de los derechos conferidos por el bloque de constitucionalidad en calidad de acciones afirmativas en favor de las NPIOC y afrobolivianos.