A pesar de la existencia de una norma, la Defensoría del Pueblo identificó que aún el Estado no brinda garantías para el ejercicio de la identidad de género, lo cual atribuye a falta de políticas publicas y de adecuaciones a normativa en los procedimientos.

"Se ha verificado el incumplimiento en la adecuación de normativa y procedimiento internos en entidades públicas  privadas conforme a la Ley 807 y que el Servicio de Registro Cívico, no realiza seguimiento al cumplimiento de las resoluciones administrativas que emite", explicó.