Se trata de un trámite ejecutado como manda la norma, por el Consejo de la Magistratura, pero que ha sido constantemente cuestionado por los órganos Ejecutivo y Legislativo, que llegaron a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la que fue declarada procedente y acompañada de lo orden de paralizar el proceso de selección de postulantes al declararse nula la convocatoria.