Las cartas están echadas. Cívicos, gremialistas, choferes y otros sectores dijeron su palabra respecto a la movilización anunciada y eso convierte en inevitable la huelga general indefinida que comenzará mañana, a menos que, en una vuelta de tuerca que no está descartada, el presidente Luis Arce comunique su decisión de abrogar la resistida ley 1386.

Por su nombre, esa ley fue promulgada como una “Ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo” pero el rechazo no es contra su objetivo, sino por las excesivas atribuciones que confiere a ciertos niveles dependientes del Órgano Ejecutivo, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Aduana, que podrían determinar su injerencia sobre el patrimonio de las personas.

Pero no vamos a analizar la norma en este editorial sino las circunstancias que giran en torno a las protestas que comenzarían esta semana y la actitud que está demostrando el gobierno al respecto.

Comencemos por la declaratoria de la huelga general indefinida:

Resulta llamativo, por decir menos, que el Comité Cívico Pro Santa Cruz haya decidido pasar directamente a la paralización de labores con carácter indefinido cuando, como sabemos, no cumplió con las protestas anteriores, de 24 y 48 horas, como lo hicieron Potosí y otras regiones. Es más… los cívicos cruceños pospusieron el inicio de sus protestas hasta después que termina su famosa feria exposición Exprocruz, que suele mover millones de dólares.

Que se haya subalternado las protestas a los efectos económicos de su feria fue una medida inteligente. Después de todo, no debemos olvidar que la economía boliviana, y la de todo el mundo, se paralizó hace un año con motivo del confinamiento por la pandemia. Recuperarse de algo así no es un trabajo de meses y un año no era suficiente. A partir de ahí, ingresar a una huelga general indefinida es una medida que en cualquier otro país sería considerada suicida.

Bajo esos parámetros, cabe preguntarse si los sectores que están llamando a este paro analizaron su estrategia con el cuidado suficiente para evitar que esta afecte a los sectores que dice defender. No se ha considerado, por ejemplo, que las medidas se inician cuando prácticamente estamos a fin de año, con la necesidad de proceder a cierres contables y las fiestas encima. ¿No era prudente esperar a que se cumpla con esas obligaciones?

Hubo tiempos para frenar esta ley, incluso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo es que los senadores y diputados de oposición la dejaron pasar? Y luego viene la fecha: se promulgó el 16 de agost5o de este año. ¿Por qué Santa Cruz no inició sus protestas de inmediato? La respuesta a esta pregunta está líneas arriba: esperó a que pase su Expocruz. Los cívicos potosinos, en cambio, no tomaron en cuenta el gran detalle de que su feria, la Feipobol comenzaba nada menos que este sábado y se lanzaron a la huelga, con efusivos discursos en su consejo consultivo.

Aunque las organizaciones afines al MAS han anunciado que contrarrestarán las protestas, los informes de seguridad señalan que, esta vez, estas serán más fuertes que las anteriores.

Para colmo, el gobierno cometió un error estratégico: lanzó una modificación a su sistema de cobro tributario que recae sobre los servicios que algunas empresas ofrecen por internet. Como ya se ha malacostumbrado, no lo hace ni siquiera mediante una norma sancionada por el Congreso sino a través de un instrumento menor, una resolución administrativa, en este caso del Servicio de Impuestos Nacionales. En otras palabras, en una coyuntura delicada, en la que se ha anunciado medidas de presión, el gobierno le está echando gasolina al conflicto.