Cívicos, comerciantes, transportistas y otros sectores inician hoy un paro general indefinido. Es la repetición, ampliada, de lo ocurrido hace un mes y que condujo al Gobierno a retirar del Senado su proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

En el caso de la norma a la que se oponen varios sectores de la sociedad, la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, no se trata de un rechazo contra el objetivo de la nueva norma, como tal, sino de las excesivas atribuciones que confiere a ciertos niveles dependientes del Órgano Ejecutivo, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Aduana.

Tanto el proyecto retirado por la presión social como la ley mencionada arriba, lo mismo que la Ley 342 del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, responden a decisiones de la política gubernamental cuyo contenido no ha sido socializado, y menos aún concertado o debatido en la instancia legislativa, con la apertura que se espera de un régimen democrático representativo como el que está vigente en el país.

Son esas carencias, calculadas o no, las que están en el origen de las movilizaciones de hoy. Existe, entre los sectores que rechazan la Ley 1386, un temor respecto de sus alcances y posibles efectos que permitan la vulneración de los derechos fundamentales. En otros términos: hay desconfianza acerca de los propósitos de esa medida.

El problema central de esta cuestión se retrotrae prácticamente al inicio de la gestión de gobierno del presidente Luis Arce, al momento en que se decidió llevar adelante una política basada en la represalia contra opositores, sobre todo contra aquellos que tuvieron participación en el gobierno transitorio.

Desde los discursos hasta las acciones de las autoridades nacionales, es muy claro que se está conduciendo al país hacia una profundización de la división actual.

La polarización, que en sí misma no tiene por qué ser mala, tendría que servir para enriquecer el debate sobre la búsqueda de opciones para enfrentar las dificultades, especialmente las económicas.

Para ello es necesaria una actitud de apertura que no existe desde el oficialismo. En su lugar, parecería que la conflictividad es parte esencial de la estrategia de gestión. Una estrategia que quizás logra consolidar la unidad del partido gobernante, pero no contribuye a la paz social necesaria para una buena gobernanza.

La coincidencia del inicio de este paro con el primer aniversario de la presidencia de Arce tendría que ser propicia para un cambio en el modo de gobernar de quien mereció la confianza del 55 por ciento de los electores. Una confianza que hoy está disminuida, como lo evidencia el descontento de sectores tradicionalmente afines al MAS.