Las cartas están echadas. Cívicos, gremialistas, choferes y otros sectores dijeron su palabra respecto a la huelga general indefinida que comenzará mañana, lunes, a menos que, en una vuelta de tuerca que no se puede descartar, el presidente Luis Arce comunique su decisión de abrogar la resistida Ley 1386. Cabe recordar que algo similar ocurrió el 14 de octubre, cuando el Gobierno decidió retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas.

En el caso de la nueva norma a la que se oponen varios sectores importantes de la sociedad, se trata de la denominada “Ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, pero es bueno remarcar que no existe un rechazo contra el objetivo de la ley como tal, sino contra las excesivas atribuciones que confiere a ciertos niveles dependientes del Órgano Ejecutivo, como la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Aduana, que podrían determinar su injerencia sobre el patrimonio de las personas.

Ambas normas, la del proyecto retirado por la presión social y la 1386, conocida como “ley madre” (a las que también debemos sumar la 342, del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2021-2025), no han sido debidamente socializadas y, entonces, debido a la gran sensibilidad de las temáticas que abordan, no resulta ilógica la reacción de los sectores convocantes al paro de mañana.

El Gobierno debió medir las consecuencias de lo que podría ocurrir si no había una adecuada socialización, que es lo que precisamente está ocurriendo. Y cuando faltan solo 24 horas para el inicio de la movilización, la única salida que le queda es abrogar la 1386, con lo cual tampoco se descarta la continuidad de las protestas por la 342.

Hay un temor generado en la población por distintos factores y el Gobierno, que es el llamado a explicar este tipo de medidas, tiene además la responsabilidad de disiparlo.

Por otro lado, hubo tiempos para frenar la cuestionada ley, incluso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cómo es que los senadores y diputados de oposición la dejaron pasar? Se promulgó el 16 de agosto de este año.

De todos modos, el problema central de esta cuestión se retrotrae prácticamente al inicio de la gestión de gobierno del presidente Arce, al momento en que se decidió llevar adelante una política basada en la represalia contra opositores, sobre todo contra aquellos que tuvieron participación en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, siendo ella, de manera individual, la que se está llevando la peor parte de esta historia.

Son decisiones partidarias las que han arrastrado al gobierno de Arce, durante su primer año, a tomar medidas eminentemente políticas y con continuidad en el plano judicial.

Desde los discursos hasta las acciones de las autoridades nacionales, es muy claro que se está conduciendo al país hacia una profundización de la división actual y, por ende, a una lamentable confrontación entre bolivianos.

La polarización, que en sí misma no tiene por qué ser mala, ya demasiado daño ha causado a la sociedad producto de la irresponsabilidad de actores políticos que parecen no haber dimensionado su rol en estos momentos críticos de la historia. Ahora, a los ánimos caldeados de los sectores próximos a movilizarse una vez más, se echa leña al fuego anunciándose que organizaciones afines al MAS contrarrestarán las protestas. Y hasta ministros de Estado se involucran en pedidos que, dada la coyuntura, solo pueden llevar a más confrontación.

El Gobierno tiene que cambiar de actitud y, ahora que seguramente hará un examen de conciencia como lo hace cualquier persona, empresa o institución en su cumpleaños, repensar sus políticas, de modo tal que sirvan para invocar a la pacificación del país y no sean un caldo de cultivo de más violencia.