Bolivia vive desde hoy una huelga general indefinida que pudo haberse evitado si hubiera habido interés del gobierno del presidente Luis Arce, que justamente hoy cumple su primer año.

Podemos decir con claridad que no hubo voluntad política para detener esta movilización nacional cuyas consecuencias son, hoy por hoy, impredecibles. Y el primer responsable es el Gobierno, aunque no es el único.

De haber habido voluntad política, sobre todo, del oficialismo, el primer terreno de confrontación debió ser, en el marco de una democracia parlamentaria, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es allí donde los senadores y diputados de oposición tenían la tarea de cuestionar el contenido de las leyes que, según su interpretación, buscan darle al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) el control total sobre las vidas y haciendas de los pobladores del país.

La Ley 1386, a todas luces, impopular por la falta de tino del Gobierno para socializarla, fue promulgada el 16 de agosto de este año. Eso significa que hubo un proceso previo, en el marco del procedimiento legislativo, del que nada se habló en su momento.

El Gobierno no ha explicado el contenido de la 1386, ni mucho menos de su anexo. En lugar de utilizar los millonarios recursos aprobados para publicidad en la socialización de esa norma, ha dedicado un año entero a intentar convencer a los bolivianos de que lo ocurrido en octubre y noviembre de 2019, cuando la OEA detectó un fraude electoral, fue un golpe de Estado.

No es la primera vez que el gobierno de Arce comete un error semejante y que le cuesta al país una paralización de actividades, por más que no fuera total. Aunque el acatamiento sea parcial, ya significa un perjuicio para la economía, algo muy grave si tomamos en cuenta que esta viene siendo golpeada hace casi dos años por la pandemia del coronavirus.

Cabe recordar que el 14 de octubre el Órgano Ejecutivo, presionado por movilizaciones similares a las que comienzan esta semana, se vio obligado a retirar el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, la “hija” de la norma por la que varios sectores cívicos y sindicales protestan desde hoy.

La 1386 no es, tampoco, la única ley rechazada por el mismo motivo, la incapacidad del Gobierno de buscar consensos mediante el diálogo en vez de apelar, como lo hizo durante todo este año, a la confrontación entre bolivianos.

Resulta por lo menos curioso que estén en marcha otras leyes, como el proyecto PL No. 342/2020-2021, importantísimas pues están orientadas a cambiar la matriz económica del país, y que tampoco hayan sido difundidas ni socializadas.

En el otro lado de la balanza está la responsabilidad de la oposición, que ayer fue marginada de la directiva de la Cámara de Diputados por una maniobra indecorosa del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aprovechándose de la debilidad de la minoría en el Congreso, el oficialismo perforó los bloques de Comunidad Ciudadana y de Creemos para quedarse con espacios de poder que, por Reglamento, no le corresponde.

La oposición, especialmente CC, que, dada su significativa votación en las últimas elecciones generales, tiene una responsabilidad mayor ante el país, pudo haber hecho más durante este año de gestión de Arce. En el caso específico de la protesta que hoy comienza, la Ley 1386 fue promulgada el 16 de agosto de este año y eso significa que hubo un proceso previo, en el marco del procedimiento legislativo, del que nada se habló en su momento.

Llegó la hora de la verdad. Ahora que el MAS ha terminado de confirmar su accionar antidemocrático al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo menos se espera un poco de cordura a la hora de responder a las demandas de los sectores movilizados en contra de las leyes antes referidas. El presidente Arce tiene que demostrar su madurez política y su liderazgo dentro y fuera de su partido frenando la inminente confrontación en las calles, porque lo contrario puede significar un desastre con final infeliz para todos.