La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista denunció persecución política “por pretender actuar en base a la Constitución y la ley” e “influencia político partidaria (…) sobre la mayoría de los vocales”.

“Afirmo categóricamente que, en el Órgano Electoral, por ser un órgano colegiado, las decisiones se toman en Sala Plena, y una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos. En mi caso, el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno, a través de procesos disciplinarios y acoso laboral, extensivo al personal de mi entorno; y en el ámbito externo, mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo mi mandato como Vocal del Tribunal Supremo Electoral, mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”, señala una carta a la que accedió Página Siete Digital y periodistas como Beatriz Cahuasa.

Asegura que durante los casi dos años que lleva en el cargo trabajó para que desde la Sala Plena se corrijan defectos y falencias del sistema electoral y, entre otras cosas, se agoten “las vías institucionales para lograr el esclarecimiento real y definitivo de lo sucedido en la elección de 2019”.

El 22 de septiembre, Baptista fue disidente en la ratificación del estatuto orgánico del MAS por considerar que atenta contra determinaciones establecidas en la Constitución.

En julio, el Tribunal Disciplinario del TSE suspendió por 22 días a Baptista, acusándola de no haber respondido oportunamente a un informe requerido desde la Asamblea Legislativa sobre su pedido a la Organización de Estados Americanos de auditar las elecciones de octubre de 2020 que ganó Luis Arce.