En una declaración dijo que el “único medio posible para proteger y garantizar nuestra democracia es involucrarse en el rediseño del sistema electoral en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con nuevas normas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos”

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La vocal Rosario Baptista. Foto: Los Tiempos

La Paz, 6 de noviembre (ANF).- La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista, denunció mediante un pronunciamiento que es víctima de una persecución política y que existe una influencia “político partidaria” sobre la mayoría de los vocales de la Sala Plena que impide el cumplimiento de una serie de responsabilidades institucionales.

Baptista en una declaración señala que después de dos procesos electorales, ha intentado promover y corregir, desde el consenso con Sala Plena, los defectos y falencias existentes en el sistema electoral nacional; agotar las vías institucionales para el esclarecimiento real y definitivo que lo sucedido en la elección de 2019; atender de manera imparcial las denuncias de pueblos indígenas y mujeres; además, de haber solicitado información e investigación sobre las dudas del padrón electoral.

Sin embargo, “éstos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”, manifestó.

Detalló que el Órgano Electoral al ser una entidad colegiada, las decisiones se toman en Sala Plena, no obstante, precisó que una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos”.

Baptista sostiene que, en su caso, el “precio” por intentar actuar en el marco de la Constitución Política del Estado y de las leyes “ha sido la persecución política” al interior del organismo electoral, lo que se refleja a través de los procesos disciplinarios y acoso laboral, que se hizo extensivo al personal de su entorno.

“Y en el ámbito externo, mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo mi mandato como vocal del Tribunal Supremo Electoral, mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”.

La autoridad asumió sus funciones el 19 de diciembre de 2019, por un período de seis años, resultado de una selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hace notar que el ejercicio de este cargo implica la responsabilidad de ser “independiente e imparcial”, cumplir con la tutela de los derechos políticos y de identidad de las personas, “y garantizar la institucionalidad democrática a través de elecciones auténticas, libres, iguales, transparentes e informadas en los términos determinados por la Constitución y conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las leyes electorales”.

En ese escenario, la vocal exhorto al pueblo a entender y asimilar que el “único medio posible para proteger y garantizar nuestra democracia es involucrarse en el rediseño del sistema electoral en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con nuevas normas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos”, dice parte del documento.

Asimismo, este con una distribución de escaños que garantice la representación proporcional para la población; con tecnología que impida toda posibilidad de manipulación; con un padrón electoral transparente y abierto siempre al escrutinio ciudadano; con una cartografía electoral basada en criterios técnicos y no en intereses políticos; con garantías al sufragio de acuerdo al mandato constitucional; con el cumplimiento de la paridad y la alternancia para las mujeres, con respeto y libertad de decisión; sin instrumentalización e invisibilización de los pueblos indígenas.

Pero por sobre todo “libre de toda influencia partidaria en todas las instancias del árbitro electoral, incluyendo no solo a las autoridades elegidas, sino también a los funcionarios designados, y con la transmisión in extenso y en vivo de las deliberaciones de la Sala Plena, todo esto para asegurar que nuestro legado cívico a los que vendrán se sustente en la integridad de la justicia, los principios y valores fundamentados en la libertad de deliberar y elegir quiénes conforman los poderes públicos y la manera de gobernar”.

//NVG//