La democracia está pagando un precio muy alto por la mala justicia que tiene. El sistema judicial boliviano es un mal vecino que acelera la decepción con la democracia y evidencia su no preparación para defender la Constitución y las leyes; la crisis de confianza en las instituciones de justicia parece irreversible dado su empeoramiento continuo, pues ya nadie cree en ellas, a su vez, la erosión de la independencia e imparcialidad de las actuaciones de tribunos, magistrados, jueces y fiscales ponen en entredicho su mandato de garantes del Estado de Derecho y de los derechos humanos.

¿En qué punto nos encontramos en la construcción de una justicia independiente, separada, coordinada y en cooperación entre los órganos del Estado Plurinacional?, ¿Por qué los procesos de reforma judicial y de institucionalización han fracasado en Bolivia, reproduciendo la subordinación del Órgano Judicial y la parcialización del juez?, ¿Cómo sacar al Órgano Judicial de su estatus de segunda clase y de la insidiosa influencia del poder y el dinero?, ¿Qué modelo factible de limitación del poder con independencia judicial razonable e imparcialidad fuerte, con implementación de una carrera judicial creíble, está en condiciones de viabilizar el poder político?

¿Cuántas redes de políticas públicas se requieren para salir del encierro discursivo y especulativo sobre la necesidad de cambiar la justicia con intervenciones a largo plazo, eficientes, responsables, articuladas y coproducidas en una nueva gobernanza de la justicia y de la democracia?, ¿Es la gobernanza de la justicia una solución para resolver la crisis de confianza en las instituciones de justicia?

La justicia es un problema irresuelto en Bolivia, la democratización de los últimos 39 años demostró que al Estado boliviano no le interesa el deterioro de la justicia, tampoco hubo gobierno que no haya renunciado al control fáctico del Órgano Judicial, siendo una constante la designación de magistrados, jueces y fiscales en cuoteos partidarios y con movimientos sociales, con la consecuente kakistocracia judicial. Históricamente, los sistemas políticos latinoamericanos ampliaron los poderes presidenciales hasta el tutelaje del Poder Judicial, a este dominio del Ejecutivo sobre el complejo institucional/estatal la ciencia política denomina “presidencialización de las democracias”.

Si bien la democracia contemporánea se ha presidencializado, la cuestión de la independencia de poderes no sólo es exigible  para el Poder Judicial, es necesaria también para los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral, lo que obliga a trabajar en una red de interdependencias entre poderes del Estado y en las relaciones entre Estado y sociedad, esto es gobernanza, y más propiamente forjar la gobernanza de la justicia demanda voluntad política para reformar en serio el sistema judicial boliviano.

Los procesos de reforma judicial en Bolivia (principalmente los contenidos en las Constituciones de 1995, de 2004 y de 2009) contienen visiones de país rivales condicionadas por la “democracia pactada” y el “proceso de cambio” y estrategias ideológicas de transformismo “neoliberales” y “descolonizadores”; gobiernos de derechas y de izquierdas no demuestran voluntad política para transformar radicalmente la justicia, reafirmando su irrenunciable decisión de controlar fácticamente el Órgano Judicial.

En el juego perverso de pesimismo/optimismo la Asamblea Constituyente de 2006 instaló en el imaginario colectivo la esperanza en una nueva justicia plural;  12 años después hay pocas esperanzas de una mejor justicia y del logro de una reforma consensuada e integral del sistema judicial boliviano, de su despolitización y despartidización. Lo que no significa que la falta de voluntad política, la complejidad de la independencia judicial y la contingencia del cambio impidan la coordinación de esfuerzos de reingeniería, reforma y reset del sector justicia.

En otras palabras, el déficit de confianza en la justicia, la tendencia a la juridificación de las diferencias, la judicialización de la política,  la usurpación de funciones y la corrupción judicial no nos debe impedir de hacer de la justicia un lugar mejor de aprendizaje para la democracia, la vida buena y justa.

Las instituciones no se hacen de la noche a la mañana, son procesos constructivos de larga duración, donde están en juego hechuras y rehechuras, progresos y retrocesos. Los procesos de reforma judicial en Bolivia durante los últimos 39 años (1982-2021) reformaron tres veces la Constitución y reestructuraron la justicia en más de una oportunidad;  dichos procesos de reforma han dependido de acuerdos e imposiciones político-partidarios, y sus alcances, profundidad y consolidación han sido mayores cuando los acuerdos se dan entre amplios sectores de la sociedad, partidos políticos oficialistas y de oposición, como lo fueron los acuerdos de reforma del Estado del año 1991. Contrariamente, las reformas estatales se deforman cuando surgen rupturas del consenso y hablan sólo en nombre de movimientos sociales controlados desde arriba.

La crisis de la justicia ha dejado de ser cíclica, su empeoramiento ligado a los cambios de gobierno y al control partidario está agotado; la justicia ha trastocado en un problema de régimen político, su descontrol total ya no tiene que ver con los poderes imperiales del Ejecutivo, sino más bien con una crisis general de dirección y con un decisionismo judicial independizado de la ley misma y al margen de los controles constitucionales.

La clase política, la clase gobernante, la clase dominante, los jueces, fiscales y policías hacen lo que quieren por encima de los controles democráticos y del mandato constitucional de coordinación y cooperación entre los órganos del Estado; al dejar de ser cíclica la crisis y deteriorarse la confianza sistémicamente, la justicia se convierte en una amenaza contra el régimen democrático dada su degeneración en una juridictadura.

Vamos a tener que cambiar de raíz nuestro concepto de sistema de justicia; el sistema judicial boliviano es un enfermo terminal que requiere asistencia inmediata con políticas públicas orientadas a la gobernanza, caso contrario ese empeoramiento continuo  del sistema de justicia consolidará una juridictadura libre de todos los controles democráticos. Resetear la justicia, o lo que es lo mismo, apagar la maquinaria del sistema judicial boliviano para volver a encenderlo comenzando de cero no debería ser excluyente de procesos de reingeniería allá donde haya institucionalidad y hombres de derecho que puedan convocarse a los fines de refundar la justicia boliviana. Un nuevo comienzo de la justicia debe articular redes de política pública para el cambio a largo plazo, es decir, la gobernanza de la justicia es un enfoque que permite articular diversidad de propuestas (incluidas las gubernamentales y de la sociedad civil) de manera interactiva y cooperativa.