Al menos cuatro grupos armados y facciones irregulares  vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) aparecieron en distintos momentos de la coyuntura nacional para neutralizar protestas  e incurrir en actos irregulares como la toma de tierras, entre 2019 y 2021.

 Según militares del servicio pasivo, ni la Justicia ni la Policía ni las Fuerzas Armadas (FFAA) lograron desarticular a estos grupos, que tienen apariciones esporádicas y peligrosas, provocando zozobra, inseguridad, heridos y muertes.

“La sociedad civil está en un estado de indefensión por parte del Órgano Ejecutivo que es el responsable de garantizar la libre transitabilidad, la paz y la justicia. El no desarticular esos grupos significa la comisión de un concurso de delitos por parte de las autoridades políticas”, manifestó a Página Siete el coronel del servicio pasivo del Ejército y abogado Jorge Santistevan.

El militar presume que son grupos estratégicamente entrenados y capacitados en tácticas de combate por personal  extranjero. Esto por su forma de desplazarse, empuñar las armas e incluso de vestir.

Santistevan recalcó que es misión de las FFAA, bajo orden de su capitán general, el presidente del Estado, desarticular cualquier grupo armado u organización subversiva que opere en el país. Pero –sostuvo–, en los últimos años, se vio una permisividad peligrosa con grupos armados vinculados al MAS, lo que puede generar mucho riesgo para este y otros gobiernos.

Édgar Morales, suboficial de la reserva pasiva de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), coincidió en que las FFAA están a cargo de la desarticulación de organizaciones armadas. Advirtió que, si sigue la permisividad con estos grupos armados civiles, cualquier momento podrían enfrentarse, dejando saldo de muertos. Cuando los militares intenten tardíamente detenerlos –dijo–, terminarán siendo detenidos y responsabilizados, como ocurrió en los conflictos de 2003 y 2019.

“Está jugando con fuego el gobierno (de Luis Arce), cualquier rato esto se va a agrandar  y le puede suceder, como a Evo Morales, que termine escapando. (…) Alguien está diseñando esta estrategia para que aparezcan estos grupos”, señaló.

Recordó que en 2014 el MAS ya hablaba de formar milicias armadas con el nombre de “guardia plurinacional” y que el mismo Evo Morales, en un discurso en Argentina el año pasado, sugirió que se conformen en el país “milicias armadas del pueblo” como en Venezuela.

Ambos militares  se preguntan ¿quién está a cargo de la formación de estos grupos? ¿Quiénes los financian y protegen?

Vila Vila y Playa Verde

La caravana del sur que partió desde Chuquisaca y Potosí hacia la ciudad de La Paz para protestar contra las elecciones irregulares del 20 de octubre de 2019 fue interceptada en Vila Vila por un grupo de civiles armados con gases lacrimógenos, dinamitas y bombas molotov. Varios miembros de la caravana fueron tomados de rehenes, humillados, agredidos y les echaron gasolina con la amenaza de quemarlos. Entre las víctimas, hubo mujeres que también fueron golpeadas y agredidas sexualmente.

Estos hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2019. A la fecha, no se detuvo a ninguno de los agresores, muchos menos se desarticuló a la facción armada que operaba en defensa del gobierno del MAS, según el testimonio de las víctimas.

Horas más tarde, después de conocer el ataque en Vila Vila, otra caravana integrada por mineros cooperativistas y miembros de otras organizaciones partieron desde Potosí rumbo a La Paz, pese a que había amenazas de que también  iban a ser emboscados y atacados.

Precisamente, la caravana de mineros fue emboscada con dinamitas y disparos de armas de fuego que provenían de los cerros, a la altura de Playa Verde. Suceso ocurrido el 10 de noviembre de 2019.

“Es claramente audible el sonido de los diversos disparos de armas de fuego en contra de los mineros tanto en la carretera como en el pastizal, donde hay grupos de personas que caminan y disparan por la planicie. No se identifica el porte o uso de ningún armamento por los mineros, excepto palos”, detalla el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia).

Los autores no eran  comunarios del lugar, sino grupos organizados que llegaron a la zona y usaron fusiles Máuser e incluso se sospecha del uso de armas largas de guerra. Al menos cinco mineros fueron heridos de bala en ese ataque.

Si bien fue dispersado, el grupo armado no fue desarticulado. Tampoco la justicia esclareció estos hechos.

Ataque en Montero

Afines al MAS y cívicos se enfrentaron en el municipio de Yapacaní entre el 25 y el 30 de octubre de 2019. Los primeros rechazaban el paro de los cívicos y generaron destrozos y saqueos con el saldo de varios heridos.

Los enfrentamientos se agravaron en el puente de la Amistad, en Montero, con la muerte de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, quienes fueron alcanzados por proyectiles de arma.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, un grupo civil armado  sería responsable de los ataques a quienes estaban a favor del paro y se resistían a levantar los bloqueos.

Oscar Martín Serna Ponce, miembro del ejército guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK), fue implicado en las irregularidades y acusado de organizar con otros una asociación denominada Los azules del oriente. También fue involucrado en los hechos violentos Facundo Molares, antiguo miembro de las FARC,  quien resultó herido.

Molares fue capturado por la Policía en noviembre de 2019, durante los enfrentamientos entre los movilizados y los grupos del MAS, en los municipios de Yapacaní y Montero. Fue liberado en el gobierno de Luis Arce, a fines de 2020.

A la fecha, el caso no fue esclarecido y hubo más registros del supuesto grupo armado.

Wila Lluch’us

Los Wila Lluch’us se autodenominan  “ejército guerrero” y su líder en algunas ocasiones se identificó como “comandante”. Actúa desde 2019 y también está vinculado al MAS; tiene como “epicentro” la provincia Omasuyos de La Paz y en pocos meses pasó de pedir paz a amenazar con quemas.

El líder de esa facción indicó que en noviembre de 2019 participó en los grupos civiles que se movilizaron en Senkata.

El 16 de marzo, los Wila Lluch’us realizaron una declaración a la prensa en el centro alteño indicando que defienden a la “verdadera democracia”, al pueblo y al Gobierno. En esa aparición aseguraron que están “conformados por un grupo de jóvenes, también señoritas, para contrarrestar al neoliberalismo-fascismo. Nosotros no portamos armas de grueso calibre”.

El contexto de las declaraciones se enmarca en los días posteriores a la detención de la expresidenta Jeanine Añez, ocurrida el 13 de marzo, y los pronunciamientos y cabildos en contra de ello que se generaron de parte de cívicos y líderes opositores.

En agosto, a través de un video, miembros de ese grupo exigieron sanciones en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y  de los expresidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa, por las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.

Señalaron que están “coordinando” con movimientos en los nueve departamentos para  “capturar” y “quemar” a esos líderes de la oposición y “vengar” a Túpac Katari.

En septiembre, mediante otro video, dos personas, que se identifican como integrantes del denominado Ejército Guerrero Wila Lluch’us, amenazaron con quemar la casa de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Luego, miembros de ese grupo aseguraron que el video era “montado”. Para el Ministerio de Gobierno, este grupo irregular “no existe”.

Avasalladores armados

Entre septiembre y octubre de este año, se denunció la presencia de grupos de avasalladores armados que causaron zozobra en distintas zonas de la provincia Guarayos. Las Londras y El Encanto son algunos de los predios que fueron tomados.

En Las Londras, hubo tres ataques violentos durante el mes de octubre. En la primera, se tomó  como rehenes a siete trabajadores. En la segunda, se denunció el intento de emboscada a policías con el saldo de tres trabajadores heridos. Y en el tercer caso,  periodistas, policías y trabajadores de una comitiva  fueron tomados como  rehenes, torturados y retenidos durante siete horas.

El Encanto es otra propiedad cruceña que fue avasallada en septiembre.  Un grupo armado atemorizó a civiles e hirió a policías, cuando los uniformados intentaban hacer cumplir una orden de desalojo.

“Hubo tres policías heridos, quemaron buses, camiones; entraron a mis predios, balearon a toda mi familia, los corretearon. Gracias a Dios no lastimaron a ninguno de mi familia”, manifestó Grecia Yucra, propietaria de ese predio.

Las víctimas en ambos hechos presentaron denuncias ante el Ministerio Público, pero, a la fecha, no hay resultados ni detenidos, pese a que ya fueron identificados los avasalladores. Tampoco se desarticuló a la facción armada.

Por su parte, el Gobierno y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entablaron diálogo con el sector de los interculturales, vinculados a los avasalladores para hablar del caso de Las Londras. En un inicio, los campesinos dijeron que el hecho sólo era para dar un “susto”; luego, los interculturales negaron haber incurrido en el secuestro y culparon a los empresarios de provocar un “autoatentado”.

“Estos brotes de violencia armada son los primeros que, por encima de cualquier consideración política e ideológica, se deben combatir  porque en el momento que esto riegue, que  se convierta en una práctica cotidiana: sálvese quien pueda. (…) Se está dejando obrar con libertad a los delincuentes y eso es peligrosísimo”, alertó en su momento el abogado Gary Prado sobre el tema de los avasalladores.

El abogado Jorge Santistevan dijo que en  todos los casos de grupos irregulares que aparezcan en el país    “el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones, paralelamente debe actuar el Ejército para la desarticulación operativa, porque tiene un manual de empleo del uso de la fuerza y la misión que tiene el Ejército de Bolivia es precisamente desarticular grupos armados. Entonces, la responsabilidad recae sobre las FFAA”.

GIEI y Gobierno

• Delito El Código Penal establece que es un delito contra la seguridad interior del Estado la organización de grupos armados irregulares.
• Gobierno Con el objetivo de desarticular la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), el Gobierno informó que, siguiendo la recomendación del GIEI, está trabajando en un plan para hacer desaparecer a todas las organizaciones “paramilitares y parapoliciales” que participaron en los conflictos de 2019. Sin embargo, grupos irregulares vinculados al MAS continúan apareciendo.

“Se ha visto desde 2019 la aparición permanente de estos grupos armados y hoy se mantienen vigentes, porque aparecen y han tomado tierras”.

Jorge Santistevan, abogado