Las circunstancias en las que Luis Arce cumple el primer año de su gobierno no parecen ser como para una celebración. No, porque la movilización que —en contra de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas— se inicia el mismo día del aniversario de su investidura, mañana 8 de noviembre, pocas semanas después de otra que provocó el retiro de un proyecto de ley sobre el mismo tema, evidencia que, en el balance de estos 365 días de gestión del Estado, los logros pesan menos que el desgaste.

Buena parte de los sectores que participaron de aquella movilización, hace casi cuatro semanas, no eran contrarios al oficialismo y el Gobierno difícilmente pudo tacharlos de “golpistas” usando su argumento más elocuente cuando se trata de enfrentar a la oposición.

El paro que se inicia mañana y pretende ser indefinido convoca a más sectores y, aunque en varios de ellos la estrategia del MAS ha logrado un relativo rechazo, parece que tendrá mayor convocatoria e impacto que el anterior. El 55 por ciento de votos obtenido por Arce en las elecciones de octubre de 2020 está lejos de significar el apoyo incondicional de sus electores a la gestión del Gobierno.

Una gestión percibida como errática, más ocupada desde diciembre hasta marzo en hacer campaña electoral por los candidatos oficialistas en las elecciones subnacionales, luego, en la persecución judicial a las autoridades del Gobierno transitorio y en la propaganda por imponer la falacia del “golpe de Estado” en Bolivia y en el exterior.

Ese empeño en borrar de la historia el fraude electoral de octubre de 2019 ha llegado a extremos deplorables, como la acusación formulada en septiembre por el Presidente, en la asamblea general de la ONU, contra del exembajador de la Unión Europea en Bolivia de haber participado en “la ruptura del orden constitucional” en el país durante el desenlace del vacío de poder provocado por la renuncia de Morales y otras altas autoridades hace dos años. Esa acusación mereció el “firme rechazo” de la UE.

Hace dos meses, la agencia de calificación de riesgo Moody’s cambió la perspectiva de riesgo de inversión en Bolivia de estable a negativa, debido, entre otros aspectos, a la acumulación de déficits y deuda pública, lo que implica mayor dificultad para conseguir financiamiento de corto plazo, e inversiones, urgentes para la exploración en hidrocarburos pues las reservas se agotan, al punto que, desde hace 10 días, los despachos de gas a la Argentina están por debajo de lo acordado.

Lo que también está por debajo de lo deseable para el Gobierno es la confianza que le otorga la población, como lo prueba el paro de mañana, el segundo a escala nacional en sólo un año.