La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Rosario Baptista, advirtió que existe influencia político partidaria en ese órgano del Estado y que una parte de sus colegas (el tribunal está compuesto por siete miembros) impide que avance en su trabajo con independencia e imparcialidad. Denunció que es víctima de “persecución política”.

“Afirmo categóricamente que, en el Órgano Electoral, por ser un órgano colegiado, las decisiones se toman en Sala Plena, y una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos. En mi caso, el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno, a través de procesos disciplinarios y acoso laboral, extensivo al personal de mi entorno; y en el ámbito externo, mediante denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo mi mandato como Vocal del Tribunal Supremo Electoral, mis derechos civiles, mi integridad y seguridad”, señala una carta a la que accedió Página Siete Digital.

En la misma, la vocal reflexiona sobre la importancia del trabajo imparcial e independiente del Órgano Electoral para garantizar la democracia y asegura que durante los casi dos años que tiene en el puesto trabajó para que desde la Sala Plena se corrijan los defectos y falencias existentes en el sistema electoral y, entre otras cosas, se agoten “las vías institucionales para lograr el esclarecimiento real y definitivo de lo sucedido en la elección de 2019”.

“Éstos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”, agrega.

Baptista fue elegida y posesionada en el cargo el 19 de diciembre de 2019, junto a otros seis miembros: Óscar Hassenteufel Salazar, Dina Chuquimia Alvarado, Daniel Atahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Maria Angélica Ruiz Vaca Diez y Francisco Vargas Camacho.

El 22 de septiembre, Baptista expresó su disidencia en la ratificación del estatuto orgánico del Movimiento Al Socialismo (MAS) por considerar que atenta contra determinaciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).

En su fundamentación, cuestionó los artículos 66 y 67 referidos a las autoridades designadas, al indicar que determina “quiénes son autoridades y servidores públicos, en el período en el que el MAS-IPSP es gobierno, lo cual es una generalización inadmisible”.

Refirió además que se vulneran derechos ciudadanos, porque para ejercer algún cargo público, aparte de la idoneidad que define la Constitución, el MAS incluye la militancia política.

En su carta, la vocal exhorta al pueblo boliviano “a entender y asimilar que el único medio posible para proteger y garantizar nuestra democracia es involucrarse en el rediseño del sistema electoral en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con nuevas normas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos; con una distribución de escaños que garantice la representación proporcional para la población; con tecnología que impida toda posibilidad de manipulación; con un padrón electoral transparente y abierto siempre al escrutinio ciudadano; con una cartografía electoral basada en criterios técnicos y no en intereses políticos; con garantías al sufragio de acuerdo al mandato constitucional; con el cumplimiento de la paridad y la alternancia para las mujeres, con respeto y libertad de decisión; sin instrumentalización e invisibilización de los pueblos indígenas; y por sobre todo, libre de toda influencia partidaria en todas las instancias del árbitro electoral, incluyendo no solo a las autoridades elegidas, sino también a los funcionarios designados, y con la transmisión in extenso y en vivo de las deliberaciones de la Sala Plena, todo esto para asegurar que nuestro legado cívico a los que vendrán se sustente en la integridad de la justicia, los principios y valores fundamentados en la libertad de deliberar y elegir quiénes conforman los poderes públicos y la manera de gobernar”.