Tras anuncios de sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) de hacer frente a movilizaciones que intentan desestabilizar al Gobierno, representantes de plataformas ciudadanas por la democracia negaron que el paro convocado para este lunes busque dar un golpe de Estado como se plantea desde el oficialismo y señalan que los mensajes de confrontación provienen del propio Vicepresidente.
Activistas señalaron que tras las recientes palabras del Vicepresidente, esta autoridad será responsable en caso de que se presenten escenarios de confrontación en las calles, además, lamentaron que se apele a militantes para intentar agredir a la ciudadanía movilizada.
“La población está saliendo pacíficamente y él está llamando a la confrontación, esto no es un golpe de Estado como ellos quieren hacer creer, simplemente pedimos la abrogación de leyes que afectan a toda la población, no vamos a permitir que estas leyes se queden y nos afecten a todos los bolivianos”, manifestó el activista Guillermo Paz.
Sobre las medidas que serán asumidas desde el lunes adelantó que se realizan reuniones para definir la forma de protesta según las características de cada ciudad.
“Cada ciudad está organizando acorde a como son los movimientos en estas, en la ciudad de La Paz es muy posible que la medida sea con movilizaciones y va haber marchas de todos los sectores y zonas de la sede de Gobierno”, dijo.
Reiteró que la medida va en contra del paquete de leyes que ya fueron aprobadas y otras que aún son tratadas en la ALP con las que el Gobierno pretende tomar el control total, por lo que la población prefiere pasar hambre antes de aceptar las cuestionadas normas.
Desde el oficialismo, el diputado Héctor Arce señaló que las medidas anunciadas por sectores movilizados y representantes de oposición han iniciado un conjunto de acciones de sedición y conspiración, por lo que pidió revisar y leer las normas a las que se oponen antes de llamar a medidas de presión.
“Lamentablemente la oposición ha hecho un trabajo sucio y dañino de desinformar al pueblo boliviano”, indicó en relación a la Ley 342, recientemente sancionada por el Senado.