El paro indefinido anunciado para este lunes por parte de gremiales, comités cívicos, universidades y otros sectores, pretende la abrogación de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y otras transgresiones fiscales, en razón de que otorga facultades inconstitucionales a la Unidad de Investigaciones Financieras, en desmedro grave de los derechos de los ciudadanos.

Por otra parte, también está cuestionado el plan nacional de desarrollo 2021-2025, aprobado hace pocos días por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, sin la imprescindible discusión de su contenido en detalle. Era de esperarse la reacción de los comités cívicos ante la imposición vertical de políticas que vulneran los principios básicos de las autonomías, consagrados constitucionalmente. Y algo parecido se puede afirmar también de la ley sobre el sistema de información estadística y de las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Estadística.

Se trata ciertamente de piezas fundamentales del estilo de gobierno vertical, centralizado y autoritario que se pretende instalar en el país para los próximos años. La política económica adoptada por el Gobierno consiste, en efecto, en retomar los lineamientos centrales de la época del auge externo de la primera década del siglo, bajo el supuesto de que también ahora se anticipan elevados precios en mercados internacionales que interesan a Bolivia. Se trata asimismo de responder a la caída de ingresos de divisas debida a la contracción de las exportaciones de gas natural, mediante la sustitución selectiva de importaciones. Las empresas públicas productivas y la demanda externa de minerales y productos agroindustriales proporcionarían la tracción para el crecimiento general de la economía. Para navegar las tormentas previsibles, mejor encerrar la información.

El enfoque de la sustitución de importaciones no es nuevo. Fue aplicado por varias décadas en América Latina y hoy en día lo han puesto en práctica varios países desarrollados para superar la dependencia de insumos y equipamientos importados, que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia. La adopción de dicho enfoque forma parte generalmente de una estrategia de desarrollo específica, cuyos objetivos dependen de la colocación internacional de la economía en cuestión, de sus determinaciones estructurales internas, de la disponibilidad de instituciones idóneas para la sintonía fina de las políticas, así como de las capacidades efectivas de los agentes económicos instalados en el país.

Parece evidente que la política económica en vigor no está enmarcada en una tal visión estratégica de largo plazo, ni toma en cuenta factores externos como el cambio climático y los compromisos internacionales que se negocian en estos momentos en Glasgow para combatirlo. Peor aún, por razones doctrinales o de intereses de grupos afines al MAS, Bolivia ha negado su firma al pacto referido a la reversión de la deforestación y la degradación del suelo, así como también a la aplicación de mecanismos de mercado para la reducción de gases que impulsan el calentamiento global, lo que podría afectar el acceso del país a los recursos que se comprometan en la COP26.

La ley del INE, por su parte, cierra el flujo de información estadística dentro del Órgano Ejecutivo, sin tomar en cuenta que la información estadística constituye un elemento de las decisiones ciudadanas, además de que dicha información le pertenece a la sociedad en cuanto son sus datos los que recopila y procesa el aparato estadístico del Estado.

Por último, no se puede olvidar que el acceso a la información pública constituye uno de los fundamentos de la democracia contemporánea, que implica además la participación de la sociedad en el control y fiscalización del uso de los recursos públicos por parte de los órganos del Estado.