En los últimos meses estamos como país en una dinámica perversa de contestación ante las políticas del Gobierno. Cualquier demanda sectorial o territorial es rápidamente arropada por la oposición política, cívica y mediática; y se convierte en bandera maximalista. El oficialismo, a su vez, concierta mal e informa peor. La protesta de los gremiales contra una norma es un ejemplo de ello.

Pese a que hace un año la población otorgó un mandato claro e inequívoco en las urnas a favor de un nuevo gobierno del MASIPSP, con el binomio Arce-Choquehuanca, la polarización política continúa como prolongación de la coyuntura crítica de 2019. A ello se añade una difícil situación económica que requiere importantes esfuerzos de reactivación y la persistente crisis sanitaria por efecto de la pandemia, con su cuarta ola en curso. En ese contexto, hay tropiezos en la agenda de políticas públicas.

Invariablemente, diferentes decisiones de gestión gubernamental, empezando por iniciativas legislativas, siguen una dinámica aprobatoria con escasa consulta y débil información. Y más temprano que tarde entran en controversia. A veces la oposición se distrae y reacciona semanas después, gatillada por alguna consigna política. La lógica es agregar protestas y demandas, con mucha falacia discursiva, en contra del Gobierno. Así, con escollos y sin acuerdos, el país pierde. El desgaste es permanente.

Una muestra de esta lógica perversa es el paro indefinido convocado para mañana por la dirigencia de los gremiales. Es una medida extrema, con la cual buscan la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, bajo el supuesto de que les afecta. Hay adhesión de otros sectores. Los más entusiastas son actores políticos de oposición, sus operadores mediáticos, dirigencia cívica y grupos marginales como el Conade.

Así, lo que debiera ser una agenda de políticas públicas con amplio acuerdo y apoyo ciudadano para afrontar y superar la crisis en el corto y en el mediano plazo, se convierte en objeto de polémica, polarización y bloqueo. No importan los costos. Lo que prima es la práctica de imponer una mayoría aritmética sin pactar con la oposición, de un lado; y la consigna de erosionar la legitimidad del Gobierno electo con fines de desestabilización, del otro. Es un juego de suma cero: no hay cooperación, todos perdemos.

Este lunes se cumple el primer año de mandato del presidente Luis Arce. Sin duda habrá mensaje de optimismo por los avances tras el “desastroso gobierno de facto”. Y habrá contestación opositora con “balance sombrío”. Es parte de la disputa discursiva. Lo crítico es que la polarización se instala en la sociedad, con actores que apuestan por parar el país (que es su forma de dañar al Gobierno) y actores que buscan parar el paro (que es su forma de menospreciar a la oposición). Así no hay avance posible.