Estos días fue de dominio público una solicitud que los funcionarios del gobierno central sean obligatoriamente miembros del partido oficialista.

Cabe aclarar que esa declaración no es exclusiva del gobierno actual. Si en este momento ser “pitita” es mal visto en la administración pública, entiendo que en la transición varios funcionarios públicos fueron acusados de ser “pitufos”. Y en otras décadas varios fueron estigmatizados “monos”, “gallos”, etc.

El artículo 233 de la Constitución Política del Estado o CPE es bastante claro al respecto porque señala que “Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento.”

Por tanto, cualquier gobierno tiene la potestad de contar con personal de confianza en los puestos principales de la administración pública. Pero, a mi entender, esto no lo habilita para copar todos los puestos, puesto que desvirtúa la función pública e incluso lo hace mero objeto de búsqueda de poder, además que impide que aquellos que estén capacitados puedan ejercer la función pública.

Entonces, los servidores públicos como cualquier ciudadano tienen el derecho de libertad de pensamiento (parágrafo 3 del Art. 21 de la CPE). Es más, en los requisitos de los servidores no se encuentra ser de una u otra orientación, sino que solo se requiere ser boliviano, mayor de edad, con libreta de servicio militar, sin sentencia condenatoria, entre los principales (Art. 234).

Cuando estudié la licenciatura de economía en la Universidad Tomás Frías de Potosí, mi profesor Abraham Pool nos dio un texto que contenía ciertas referencias a la función pública, las que transcribo a continuación:

“En lo más general, la burocracia es “un sistema de administración que se efectúa mediante un aparato especial dotado de funciones y privilegios específicos y colocado aparte y por encima del pueblo”. Sus rasgos principales consisten en la tendencia al aislamiento, la tendencia a convertirse en casta, la esterilización de la iniciativa de sus componentes, la proclividad a la formalización, la fetichización de las normas, la estandarización de las obligaciones, el conformismo de sus miembros, el culto a la autoridad, la subordinación, obediencia, devoción y lealtad al cargo y a las funciones inherentes. La burocracia se articula como un sistema institucionalizado en el que “a cada miembro corresponde, según su ubicación, diferentes grados y posibilidades de poder, responsabilidad, ingreso, privilegios, prestigio, promoción”.”

Su año de publicación: 1984. El título: “El papel del Estado en la política económica”. El autor: Pablo Ramos Sánchez, recientemente fallecido. Fue presidente del Banco Central de Bolivia (2017-2019), prefecto de La Paz (2008-2010), y varias veces rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue un decidido adherente e impulsor de la actual administración gubernamental y también el mentor de varias autoridades y dirigentes oficialistas, de donde surgió esa opinión.

Creo que, por el bien del país, la burocracia en todos los niveles y regiones no debería tener los rasgos esbozados por el profesor Ramos. Debe cumplir lo que dice la CPE en el Art. 232: “La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.”

Fui servidor público, soy amigo de varios de ellos en distintas esferas y regiones, comprendo sus preocupaciones e inquietudes. No creo que los servidores deban ser tecnócratas fríos, sino personas comprometidas con la sociedad y sus fines, más allá de sus opiniones ideológicas.

Más que “pititas” acá o “pitufos” allá, necesitamos servidores públicos. El Estado es de todos los bolivianos.