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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: viernes 05 de noviembre de 2021
Categoría: Autonomías
Subcategoría: Departamental
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Oficialismo señala que con esta norma, el Gobierno nacional se encargará de lanzar planteamientos a gobernaciones y municipios, por lo que estas instancias deben trabajar en torno a esos lineamientos.
Ante la reciente sanción de la ley 342, de Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 en la Cámara de Senadores, el expresidente Carlos Mesa Gisbert, señaló que las autonomías son una conquista de la democracia boliviana, por lo que es preciso defenderla de los planes centralistas del Movimiento al Socialismo (MAS).
Mediante redes sociales, Mesa refirió que las autonomías son una conquista de la democracia boliviana, por lo que se las debe defender de los intentos del gobierno central por tomar el control mediante con un paquete de normas para interferir en la administración de recursos de gobiernos subnacionales y universidades.
“Las autonomías son una conquista fundamental de la democracia, por eso es necesario defenderla de los planes centralistas del MAS, que ahora quiere controlar los recursos y las decisiones de alcaldías, gobernaciones y universidades buscando imponer la Ley 342” expresó Mesa.
Por su parte, el jefe de bancada de CC en diputados, Carlos Alarcón, manifestó que la cuestionada norma permite que desde el poder se confisquen atribuciones de las entidades territoriales y casa superiores de estudios que están reconocidas en la CPE.
“El Gobierno nacional está confiscando las autonomías a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades públicas del país. De aceptar esta ley, la confiscación va a ser irreversible porque se anula el derecho constitucional de estas instancias para participar ya probar el plan de desarrollo económico y social”, dijo.
Alarcón señaló que aceptar esta norma sería permitir que los decretos del Gobierno estén por encima de las autonomías que gozan de un rango Constitucional.
Desde el oficialismo, el diputado Gualberto Arispe manifestó que la oposición se encargó de desinformar a la población sobre los alcances de la ley 342 y sobre fallas en su socialización. “El Plan de Desarrollo Económico Social, en este sentido, no viola ni los estatutos autonómicos, departamentales, municipales, o las indígena originarias, para nada”, dijo.
Puntualizó que con esta norma, el Gobierno nacional se encarga de lanzar planteamientos a gobernaciones y municipios, por lo que estas instancias deben trabajar en torno a esos lineamientos. Atribuyó los anuncios de medidas de presión a una confusión por parte opositores y autoridades.