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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: viernes 05 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La senadora por la alianza Creemos, Centa Rek, manifestó que el paro convocado por gremios, cívicos y opositores para el próximo lunes 8 de noviembre es para mandar una señal al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a fin de que se pare con la aprobación de leyes sin el debido consenso.
La legisladora manifestó que la medida de presión de carácter nacional convocada para la siguiente semana tiene carácter de advertencia al oficialismo para que se pare con la aprobación de normas atentatorias a los derechos de la ciudadanía, esto en relación al “paquete de leyes” aprobadas recientemente en el legislativo y no solo contra una sola ley en específico.
Rek señaló que el conjunto de normas tienen aspectos escondidos en los que se refleja las verdaderas intenciones, gobernar mediante decretos presidenciales.
“Todas las leyes tienen el mismo diseño y van hacia el mismo fin (…) todas tienen la misma carta escondida, que el presidente tenga la posibilidad de gobernar por decreto, de hacer cambios por decreto; es una anulación del Legislativo que no podemos aceptarla”, señaló.
Sostuvo que el paquete de normas cuestionadas erosionan la independencia de poderes además de promover la vulneración de derechos y garantías de los ciudadanos ante los intentos de control total del Estado.
Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón Merubia, manifestó que no existen razones para que sectores decidan ir a un paro nacional de carácter indefinido pues el país se encuentra saliendo de una situación complicada en el aspecto económico.
“No existe razón alguna para ir a un paro. Estamos superando la crisis económica día a día, alcanzamos 9,4 % en crecimiento económico, no hay crisis sanitaria, lo que sí hay son sectores y grupos que tienen un motivo político que busca desestabilizar al Gobierno”, manifestó desde su cuenta de Twitter.
Sostuvo que en los primeros meses de la gestión de Gobierno, se han creado alrededor de 1 millón de empleos en todo el país, por lo que los sectores movilizados deben cuestionarse sobre la necesidad de llevar adelante esta medida que perjudica al pueblo boliviano.



