Con el antecedente de un primer estudio realizado ya con motivo de la 1ª elección judicial en Bolivia (2011) cuyos resultados no fueron calificados como exitosos, el nuevo informe analiza si los cambios introducidos en el proceso electoral que culminó en las “elecciones” judiciales del 3 de diciembre de 2017, condujeron a resultados distintos de los antes alcanzados. 

Recuérdese que para ésta nueva ocasión, se hicieron algunos cambios normativos para modificar el número de altos cargos, se cambió de circunscripción nacional a departamental la elección para el TCP, se amplió de 60 a 90 días el plazo de preselección, se flexibilizó la difusión de sus méritos y modificó la papeleta de sufragio; modificaciones cosméticas que desoyeron el clamor popular de cambiar el régimen para no repetir los desastrosos resultados. La principal “novedad” fue, finalmente, la participación de la Universidad boliviana en la preselección.

Con esas bases, el informe resalta tratándose del intento de incorporar a la universidad, que luego de los desacuerdos entre las distintas universidades, el oficialismo llevó a reforzar el control político (diría yo, partidario) sobre ella, ya que las preguntas preparadas por la U, terminaron sometidas a control “académico” por la Comisión Mixta de Constitución (obviamente controlada por el MAS) y corregidas, por sus miembros, con lo que obviamente, ese“novedoso” intento de cambio y mejora, sencillamente, fracasó.

Ya en la fase de selección de candidatos, destaca que los representantes del oficialismo, votaron en bloque por los candidatos que en definitiva, fueron seleccionados; prueba de ello es que la inefable Presidenta de los Diputados, denominó esa estrategia envolvente, como una decisión orgánica e incluso, de los finalmente seleccionados, la mayoría trabajó para el régimen, estando –fuera una estupidez negarlo- ligados al partido oficialista.

Comparando el orden de mérito de los postulantes con los así pre seleccionados, el informe resalta que cierto número de candidatos bien colocados por su puntaje, no fueron finalmente escogidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, en el caso de Chuquisaca un candidato que ocupó el 2º lugar en méritos, no fue seleccionado para ir a votación, poniendo su lugar a una candidata que ocupaba el 10º lugar y así sucesivamente. Concluye que, al momento de designar candidatos (en la ALP) se produjeron misteriosos “saltos” en el orden del puntaje logrado por algunos postulantes, que en algunos casos pareciera responder a incrementar la participación de mujeres, en otros no tienen la menor explicación... (ustedes la huelen…)

Sobre los espacios de presentación y difusión de candidatos, el informe anota que si bien la organización mejoró lo antes ocurrido, varios de los candidatos hicieron publicidad abierta en RRSS y otros medios. Los llamados a cumplir la ley, la violaron.

Finalmente (no tengo más espacio) una de las conclusiones principales del estudio, radica en que tratándose de la legitimidad de los nuevos Magistrados (recuérdese que eso vendió el régimen como fundamento para la elección): “...el resultado fue peor que el de 6 años atrás: la suma de votos en blanco 14,93% y nulos 50,9%, rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011”. Los votos emitidos por 1 o más candidatos, descendieron del 40,72% al 34,12%.

A partir de considerar que ese mecanismo está previsto por la CPE, el desafío para la agenda boliviana de justicia es: ¿será razonable mantener ese mecanismo? o debemos encontrar uno mejor, que permita contar efectivamente con los mejores Magistrados, para que no se repita, por ejemplo, una SCP como la del “derecho humano de nuestro jefazo”. "Todos los hombres pueden caer en un error; pero sólo los necios perseveran en él." Marco Tulio Cicerón