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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: viernes 05 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Crece la tensión por la Ley 1386 de Estrategia Nacional de
Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del
Terrorismo.
Grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) junto al
vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, lanzaron una advertencia ante
los anuncios de paro indefinido para el próximo lunes, medida a la que se suman
diferentes sectores.
La autoridad de Gobierno, en conferencia de prensa con la
organización Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB), dijo que
utilizarán todos los recursos “que permite la democracia” para “defender la
estabilidad económica y la unidad, nuestra soberanía, riquezas y nuestros
recursos naturales”.
Para Choquehuanca está claro que se quiere confundir,
generar caos y estabilidad, pero que esa campaña de miedo que se pretende
desatar no tendrá éxito.
Las organizaciones afines al MAS se declararon en emergencia
y llamaron a defender al gobierno de Luis Arce, la estabilidad económica,
política y social del país “para enfrentar los afanes de la derecha política de
provocar convulsión y un nuevo golpe de Estado”.
La ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa de Pando, Odalis Huayllas, en la lectura de un pronunciamiento
oficial en la Casa Grande del Pueblo, señaló que no permitirán que se registre
una nueva ruptura constitucional.
El secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi,
manifestó que las organizaciones sociales están dispuestas a salir a las calles
y las carreteras.
Más temprano se pronunciaron sectores como el autotransporte
de La Paz, gremiales de Sucre y de El Alto y la alcaldesa alteña Eva Copa
contra el paro indefinido. Aseguraron que no acatarán la medida y trabajarán
con normalidad.
Del otro lado, el Comité Nacional de Defensa de la
Democracia (Conade) reiteró que acatará la medida y pidió a la población
abastecerse el fin de semana. También sumó a las demandas la abrogación de la
ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social porque considera que
“pulveriza” las autonomías y busca sostener la narrativa de que hubo un
“supuesto golpe de Estado”.



