La Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico 2021-2025 provocó una movilización de docentes universitarios, ayer, que advierten una afectación a la autonomía. 

Entre tanto, hay presión para la promulgación de la norma por el presidente Luis Arce, tras su aprobación en el Senado, el feriado de Todos Santos. 

En busca de aplacar las protestas, el Gobierno convocó a una reunión en la que se socializará los alcances de la norma. 

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, dijo, según Urgente.bo, que se explicará los alcances del plan que para el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, atropella las autonomías.

Contrariamente, desde la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), su secretario ejecutivo Max Mendoza, citado por ABI, advirtió que no encontró ningún punto que vulnere o atente contra la autonomía universitaria y que las acciones de rechazo responden a intereses políticos. Decidió dialogar y no participar de las movilizaciones en contra de la norma que fueron convocadas por docentes que, aseguró, persiguen un fin político. 

Por su parte, la ministra Mendoza recordó que anteriormente, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), aceptó y aprobó su obligatoriedad por lo que cree que las movilizaciones de ahora buscan frenar los avances económicos del Gobierno y la estrategia nacional.

“Es un falso debate en incurrir que se podría desgastar las autonomías cuando la propia ley delimita cuáles son las atribuciones del Estado, las departamentales y municipales, en concordancia con el nivel central”, resaltó.

Desde la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), mediante un pronunciamiento emitido ayer, se exigió la inmediata promulgación de esta ley “para facilitar el proceso de planificación en los gobiernos subnacionales” y generar espacios de coordinación.

También se declaró en alerta “ante intentos de dejar al país y a los municipios a la deriva sin el plan de desarrollo y el proceso de planificación subnacional”.

PROYECTOS

Con la nueva norma se demandará al Gobierno una inversión de $us 33.197 millones, un 13% del Producto Interno Bruto (PIB) para priorizar la industrialización de las materias primas, las nuevas tecnologías y la creación de nuevas plantas y refinerías.

El documento al que accedió Urgente.bo plantea que, de aquí a los próximos años, se intentará generar excedentes de los sistemas productivos y reducir la importación. La meta es incrementar los excedentes de los sectores estratégicos como ser la minería, hidrocarburos y energía.

Dijo también que el 63% de los recursos serán internos y si se tienen exportaciones, serán con valor agregado.

Dentro la programación de inversiones, el plan prevé además de diversificar la economía con la construcción de plantas de producción de diésel, de refinerías de zinc y la planta Siderúrgica el Mutún. Entre otro de los planes está el de la edificación de dos complejos industriales, uno químico y otro farmacéutico. El desarrollo del hidrovía Paraguay- Parana, es otro de los objetivos.

“Las inversiones en infraestructura están orientadas a brindar un soporte necesario en los proyectos productivos en el marco de la planificación del Estado”, subraya el documento.

En el ámbito social, el plan prevé una inversión del 11% para proyectos en infraestructura hospitalaria, saneamiento básico, urbanismo y vivienda.

Además, el plan quinquenal vaticina que el presupuesto de inversión pública alcance su máximo nivel en 19% del PIB en 2023.