Con las adhesiones de los comités cívicos, Conade y el Colegio de Médico de Bolivia, el paro general indefinido impulsado por gremiales y transportistas contra la Ley 1386 desde el 8 de noviembre toma cuerpo. En el Gobierno, el MAS llamó ayer a sus organizaciones sociales a “luchar” y “a salir a las calles” para defender al presidente Luis Arce.

“Hemos aprobado la abrogación de la Ley 1386, después ya ellos (Gobierno) que nos convoquen a elaborar una ley, pero sin afectar a la población boliviana. Bueno, el paro definitivo comienza el lunes”, confirmó  Francisco Figueroa, ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia. El jueves, los comités cívicos de los nueve departamentos anunciaron que se sumarán al paro que se iniciará el lunes 8, cuando el presidente Arce cumplirá un año en el poder.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), a través de sus filiales, también ratificó que participará  en el paro indefinido. “Como Conade alentamos a que la ciudadanía salga a lucha el lunes a través del paro, la lucha es indefinida”, dijo Manuel Morales, su representante.

Y ayer, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, anunció que ese sector se sumará al paro. “Asumir el estado de emergencia ante la actitud dictatorial y deficientes políticas del Estado. Asimismo comunicamos la decisión de adherirnos a las decisiones de la población organizada”.

En Cochabamba, el dirigente Marcelo Piérola, del transporte pesado,  anunció que el paro y bloqueo comenzará a las 6:00  “hasta lograr la abrogación de la 1386”. La Ley 1386 o Ley de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas fue promulgada en agosto.

Alianzas para frenar paro

Y así como algunos sectores suman respaldo para la medida contra la 1386, el Movimiento Al Socialismo (MAS) logró ayer el respaldo de los gremiales de Cochabamba y Sucre que anunciaron que no acatarán el paro que instruye el dirigente Figueroa.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) no acatará  el paro general. El presidente de esta organización es Enrique Leaños, militante del MAS.

A ello se suma que  la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, confirmó que esa ciudad no se sumará al paro general indefinido, porque el 80% de sus pobladores se dedican al comercio informal.

MAS convoca a luchar

El Pacto de Unidad, integrado por afines al MAS, se reunió ayer con el presidente en ejercicio David Choquehuanca. Al final de la cita, la organización se declaró en estado de emergencia y ratificó el respaldo al  Gobierno ante lo que ellos consideran un “intento de nuevo golpe”, por parte de quienes se oponen a la Ley 1386.

“Convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto, a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política de nuestro país, mantener la armonía y la paz social”, sostuvo  en la Casa Grande del Pueblo,  Odalis Huayllas, dirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue más contundente. “La COB se declara en estado de emergencia. Si vamos a tener que salir a las calles, lo vamos a hacer;  si vamos a tener que salir a las carreteras lo vamos a hacer, para defender la estabilidad del país”, anticipó. Los transportistas pesados anunciaron hace días que bloquearán las carreteras y las fronteras.

Choquehuanca señaló que el pueblo boliviano usará “todos los recursos  a su alcance”  para defender al Gobierno.

“Queremos advertir que las organizaciones sociales van utilizar todos los recursos a su alcance que permite nuestra democracia para defender la estabilidad económica, para defender la unidad, para defender nuestra soberanía y para defender nuestras riquezas y  recursos naturales”, precisó.

Ayer, el diputado Anyelo Céspedes,  del MAS, convocó a los sectores sociales movilizados en contra de la Ley 1386. “Vamos al diálogo y no se presten al juego de los cívicos que buscan un segundo intento de ‘golpe de Estado’, porque ellos (cívicos) son un sector minorista de Santa Cruz”, arremetió.