Los sectores contrarios a una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas confirmaron el inicio de una huelga indefinida el próximo lunes, en coincidencia con el primer año del Gobierno del presidente Luis Arce, cuyas organizaciones afines advirtieron que defenderán la «democracia».

Gremios de comerciales informales, transportistas y organizaciones cívicas y ciudadanas ratificaron este jueves su intención de paralizar actividades indefinidamente a partir del 8 de noviembre en rechazo a la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Estos sectores cuestionan la también llamada «ley madre», vigente desde agosto pasado, al considerar que con esta norma el oficialismo busca «imponer» un «totalitarismo económico y financiero» en el país.

«El Gobierno se está aplazando, no está trabajando con su pueblo, es por eso que estamos tomando estas medidas», dijo a los medios el dirigente del transporte pesado, Juan Yucra.

Yucra aseguró que el sector realizó antes otras medidas «pacíficas» como caravanas y marchas de protesta, pero como las autoridades no escucharon su demanda, ahora llegarán «al extremo» del bloqueo de rutas fronterizas.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) expresó en un comunicado su respaldo a la huelga nacional y también pidió la anulación de otro proyecto de ley aprobado recientemente por la mayoría oficialista en el Parlamento que, según sus detractores, vulnera las autonomías regionales, municipales y universitarias.

Comités cívicos como los de Santa Cruz, Cochabamba y Pando, además de dirigentes de comerciantes informales también manifestaron en las últimas horas que se sumarán a la huelga contra la «ley madre».

En respuesta a estos anuncios, el vicepresidente del país, David Choquehuanca, y dirigentes del llamado «Pacto de Unidad», que agrupa a sindicatos de obreros, campesinos e indígenas afines al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), comparecieron ante los medios para advertir que no permitirán que se desestabilice al Gobierno de Arce.

«Advertimos que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano, el bloque social popular va a defender la democracia, va a defender nuestra Constitución Política del Estado, va a defender al Gobierno legítimo», sostuvo Choquehuanca.

Según el vicepresidente, «el pueblo boliviano no va a permitir» que vuelvan los «días oscuros de incertidumbre, inestabilidad, caos, racismo», en alusión a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales a la Presidencia y que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».

Por su parte, la dirigente campesina Odalis Huayllas leyó un manifiesto en el que el «Pacto de Unidad» criticó a los sectores que quieren generar «caos y división social» y aseguró que no permitirán un «golpe de Estado».

«Convocamos a todas nuestras organizaciones afiliadas, al pueblo en su conjunto a luchar, defender y garantizar la estabilidad económica, social y política del país», señala el documento leído por Huayllas, en el que los sindicatos afines al oficialismo también se declaran en «emergencia» para defender al Ejecutivo.