Mediante un comunicado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) manifestó que el proyecto de Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “pulveriza” las autonomías regionales y universitarias.
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La institución ratificó el paro nacional de los gremiales con bloqueos a partir del 8 de noviembre.
Integrantes del Conade, en una movilización pasada. / Foto: Archivo.
Mediante un comunicado, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) manifestó que el proyecto de Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “pulveriza” las autonomías regionales y universitarias.
“La aprobación en pleno feriado de los Difuntos o Todos Santos del Proyecto de Ley N° 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social, pulveriza las autonomías municipales, de gobernaciones y la autonomía universitaria, al tiempo de instaurar una Ley que sostiene que hubo un supuesto golpe de Estado, que además deberá ser acatado como “Ley” por todos los organismos del Estado, aspecto que se constituye en una afrenta a la democracia y la lucha ciudadana y democrática del pueblo boliviano”, indica el comunicado.
Agrega que “la lucha es indefinida” y que “el paro es para avanzar”, por lo que en ese contexto, exige la anulación del proyecto de norma en cuestión, que ya fue sancionado en el Senado, para su posterior promulgación en los siguientes días.
“El Conade exige la anulación del Proyecto de Ley N° 342 y que el mismo sea incorporado a la lucha contra el paquete de normas económicas para imponer el autoritarismo, en este contexto, la lucha es indefinida”, detalla en el pronunciamiento.
La institución ratificó el paro nacional de los gremiales con bloqueos a partir del 8 de noviembre, por lo que insta a la “participación masiva de la población en la medida de presión y solicitar que las familias se aprovisiones de alimentos este fin de semana”.
El Cámara de Senadores sancionó la madrugada del martes la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”.
La norma fue cuestionada por la oposición, que considera que la misma se constituye en un instrumento que vulnera las autonomías departamentales, mientras que el Gobierno asegura que lo que dispone es la coordinación entre el nivel central y las regiones.
