El Colegio médico de Cochabamba y la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), entre otros ocho sectores del departamento determinaron hoy sumarse al paro indefinido convocado para el 8 de noviembre por los gremiales y los comités cívicos en rechazo a la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y otro “paquete de leyes”. 

“La medida de fuerza (del paro cívico) se asume como justo reclamo de la población por la falta de interés que ha puesto el Gobierno central, la falta de voluntad de generar espacios de diálogo. No estamos en contra del Gobierno establecido, eso debe quedar claro, estamos en contra de un paquete de leyes que lo único que hacen es vulnerar las libertades constitucionales y democráticas de todos los bolivianos”, se lee en parte del comunicado del Comité Cívico de Cochabamba al que se sumaron otros sectores. 

El representante de los cívicos, Marcelo Piérola, sostuvo que “va a ser un paro contundente y movilizado, ya que el transporte internacional ha preparado el bloqueo de carreteras y puentes, y las plataformas, bloqueos en calles y lugares de circulación”. 

Acotó que el transporte federado está en consulta, “pero lo más probable es que acaten el paro y lo apoyen porque no va a haber circulación en Cochabamba”. 

En tanto, a la medida se sumaron el Colegio Médico de Cochabamba, la Federación de Campesinos, la Federación de Profesionales, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), sector de las autoventa, la Cámara de la Construcción, las cooperativas, la Asociación de gremiales, la Cámara de Transporte Internacional, la Cámara de Minería y la Asociación de Empresarios de Restaurantes y Ramas Afines (Aserac), detalló Piérola.

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Carlos Iriarte, informó que tras reunión del Consejo Médico ampliado decidieron respaldar al movimiento cívico y la tarde de este jueves el Conasa determinará la línea que seguirá el sector médico a nivel nacional. 

Luis Laredo, presidente de la FEPC, acotó que, si bien, “los paros realmente perjudican a la economía, tampoco se puede trabajar con leyes con la que realmente va a ser difícil poder invertir y generar empleo” ante la ausencia de seguridad jurídica.

“Nosotros no estamos en desacuerdo en luchar contra la corrupción, pero (esta) no es la forma de hacerlo, estamos pidiendo concertación para generar las nuevas leyes que necesita Bolivia y en ese sentido estamos apoyando al Comité Cívico, cada sector de la federación definirá la forma de apoyar a este reclamo”, indicó.

El ejecutivo de los gremiales, César Gonzales, advirtió que la medida no se levantará “hasta que se abrogue la ley” por lo que recomendó a la población abastecerse de productos.