Las recurrentes advertencias que hacen dirigentes cívicos de Santa Cruz y políticos opositores evidencian de ma­nera clara que buscan enrarecer el clima social y políti­co para generar una ruptura institucional del Estado, un nuevo golpe como ocurrió en 2019.

A estas alturas no tienen forma de esconder su intención de repetir esa fórmula porque se cayó el discurso del supuesto frau­de electoral, nunca presentaron una sola prueba para sustentar esa denuncia. Es más, todas las investigaciones efectuadas sobre el proceso electoral de 2019 por entidades públicas, analistas, científicos, or­ganismos de evaluación y universidades reco­nocidas en Europa y Estados Unidos establecen que no hubo alteración de datos en el recuento oficial de los votos.

Este análisis no puede soslayar las conse­cuencias del golpe de Estado. El gobierno de fac­to dio carta blanca a las Fuerzas Armadas para reprimir con extrema violencia a las personas que resistían a la nueva administración. Al me­nos 38 personas fueron asesinadas a manos de los efectivos militares.

Documentos e informes de organismos in­ternacionales serios, como el Grupo Interdisciplinario de Ex­pertos Independientes (GIEI-Bolivia), establecieron de manera contundente que durante el periodo del gobierno de facto se pro­dujeron las masacres de Senkata y Sacaba.

La conclusión fue clara y sin titubeos, por lo tanto corres­ponde a las autoridades del Órgano Judicial, el Ministerio Público en particular, iniciar los procesos pertinentes, en el marco del debido proceso, esclarecer los hechos y el grado de responsabilidad de las autoridades de entonces y de los auto­res de las ejecuciones.

Agotados los argumentos, las acciones de los opositores y sus medios de comunicación sólo atinan a la descalificación de todo lo que hace el Gobierno, una estrategia que pretende la deslegiti­mación y desgaste de la gestión del Ejecutivo. No tienen nada que ofrecerle al país, la mayoría de la sociedad los ignora porque no fueron capaces de construir una propuesta inte­gral de desarrollo, un proyecto político.

Las actuaciones de la derecha no son nuevas, ya que durante la gestión del expresidente Evo Morales obstruyeron el progreso del país con la misma estrategia . Su intención es volver al perio­do neoliberal, quieren establecer un gobierno al servicio de los grupos de poder, reducir los recur­sos de inversión pública y el gasto corriente, volver al esquema privatizador del periodo 1985-2005.

Sin embargo, no pudieron articularse al­rededor de un proyecto político para los co­micios de 2020, participaron separados y les fue como en la guerra. En la actual coyuntu­ra vuelven a apostar al cambio de poder por la fuerza y esto significa interrumpir el mandato del presidente Luis Arce, generar un golpe de Estado, en definitiva pretenden una ruptura constitucional.

Es tiempo de sincerar las posiciones. Después de su fracaso en el poder y su incapacidad para generar un proyecto alternativo al modelo vigente, la derecha vuelve a las acciones desestabilizado­ras en desmedro de la economía de los bolivianos.