Francisco Figueroa, Ejecutivo de Confederación de Gremiales de Bolivia, informó que a nivel nacional asumirán un paro de 48 horas desde el próximo lunes en rechazo a la ley de Regulación de Guanacias ilícitas 1348. Esta directriz nace de una reunión que se sostuvo en Santa Cruz.

Según Figueroa afecta a los comerciantes minoristas y no mencionó a las personas que de manera ilegal hace fortunas.

Por su parte, Gabriel Pérez, ejecutivo del transporte 15 de Abril, señaló que Tarija se sumará a las determinaciones que asuman el próximo viernes en la reunión nacional del transporte, para acatar el paro.

Pérez expresó que el transporte podría ser afectado por la 1348.

El cuarto intermedio en la demanda de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo concluye este 7 de noviembre y el 8 se activan las movilizaciones y el paro indefinido anunciado por gremiales, transportistas, plataformas ciudadanas y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade). El Comité Cívico pro Santa Cruz analizará su participación.

Pese a los cuestionamientos del Ejecutivo central y descalificar este movimiento, al sostener que se trata de una acción política, los sectores movilizados expresaron que se trata de una medida ciudadana que busca revertir una norma que no fue consultada y que atenta contra los intereses de los pobladores.

Los gremiales refieren que en el anexo de la Ley 1386, norma de 7 artículos y un par de disposiciones, considera la “problemática de la Informalidad”, en el que se señala que “la prevalencia de condiciones de informalidad da a las organizaciones criminales la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito les permite subsistir de forma permanente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados”.

“La informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades”, menciona.

En pasadas declaraciones el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró que el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.

“La propuesta de este Proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuso en varias leyes”, aclaró el Ministro.

Algunos partidos de oposición como Comunidad Ciudadana y Creemos malinterpretaron el Proyecto de Ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.

“La oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están aduciendo a falsas interpretaciones de lo que es la Ley”, lamentó Montenegro.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los Sujetos Obligados a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Los Sujetos Obligados están contempladas las siguientes entidades: los Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras de Vivienda, Entidades de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósitos, Casas de Cambio, Remesadoras de Dinero, Compañías de Seguro, Corredores de Seguro, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Empresas Transportadoras de Dinero y/o Valores, Entidades de Titularización del Mercado de Valores, Burós de Información Crediticia, Notarios de Fe Pública, Juegos de Azar y Casino.

“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó la autoridad económica.

Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “La UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”.

El Ministro explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, de la noche a la mañana aparecen como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas, que no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico, en esos casos recién se realizan las investigaciones de rigor.

“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró Montenegro.