Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 03 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El plan de
desarrollo que aprobó el MAS ya genera protestas en municipios, universidades y
gobernaciones. La norma, sancionada en el Senado, fue enviada a la Casa Grande
del Pueblo para que sea promulgada, pero esperan que, en esa última
etapa, se puedan atender los reclamos.
Por una parte, la
alcaldesa de El Alto, Eva Copa, lamentó la falta de socialización de esta ley
compuesta por seis artículos y un anexo de 209 páginas donde
está el cuestionado plan, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los
poderes del Estado, gobernaciones, municipios y universidades.
“El Legislativo no aprende la lección, sigue aprobando
leyes sin socializar con los involucrados”, señaló Copa, quien envió una nota al presidente Arce, pues Copa
considera que “no es ético” que los planes locales tengan que adecuarse al plan
nacional.
De acuerdo con la
disposición adicional única del proyecto de ley 342, los planes de
las entidades públicas deben ser adecuados en un plazo de 120 días, en el caso
de los municipios el tiempo perentorio es de 180 días.
“Lamentar una
decisión que nos pide que nos ajustemos al plan de desarrollo que ellos
están sacando y nos dan 180 días, sabiendo que nosotros ya hemos
presentado nuestros planes operativos anuales”, remarcó la alcaldesa.
Por su lado, la
alcaldía de La Paz, a través de un comunicado, rechazó la vigencia de esta
norma porque no se puede obligar a los gobiernos autónomos a “vulnerar
la Constitución”.
“El Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz rechaza la manera abusiva con la que la mayoría
oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada del martes la Ley
del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que vulnera la
autonomía municipal vigente en el país desde la aprobación de la Constitución
Política del Estado (CPE)”, señala un comunicado.
“El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025
‘Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la Industrialización con
Sustitución de Importaciones’ es de ejecución y aplicación obligatoria por
parte de las siguientes entidades:
Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; Órgano Judicial,
Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa
de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas (gobernaciones y
alcaldías) y universidades públicas”, señala el artículo cuarto.
El rector de la
Universidad Mayor de San Andrés (Umsa), Óscar Heredia, advirtió que no existe
la posibilidad que se les pueda obligar a las universidades a vulnerar
su autonomía, que es una conquista consagrada en la Constitución
“Este plan articula
13 pilares establecidos en la agenda patriótica del Bicentenario y tiene
10 ejes estratégicos, no hay cambios sustanciales”, mencionó.
“Como
universidad, estaremos atentos ante cualquier amenaza que intente violar el
Estado de derecho y las libertades individuales y colectivas. Hemos sido y
seremos celosos guardianes de la autonomía universitaria y los valores
democráticos”, señala el comunicado emitido por la UMSA.
Desde el MAS,
defendieron la norma y aseguraron que no se vulneró la autonomía.
“Si cada institución va a hacer su plancito
para su isla, para su territorio, no vamos a avanzar y es lo que ha pasado en
el país”, señaló el diputado Héctor
Arce (MAS), quien además aseguró que se trata de proyectar un plan de
desarrollo de largo plazo.
“Uno de los
problemas que ha tenido nuestro país es que jamás hemos realizado y
elaborado un verdadero plan. Lo que hemos tenido son
programas y políticas de Gobierno y no planes ni políticas de Estado”.
El presidente de la
Cámara de Diputados, Freddy Mamani, indicó que existe plena coordinación
con el Ejecutivo y que este plan no afectará el ordenamiento
constitucional del país.
Además, la
Gobernación cruceña, a través de su secretario de Justicia, Efraín
Suárez, cuestionó la Ley 342 de Desarrollo Económico y Social
porque “representa un duro atentado contra las autonomías” departamentales,
municipales y de las universidades.
Para cuestionar el
contenido de esta Ley 342, la autoridad departamental señaló que la
Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 300, Numeral 32,
establece que: la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo
económico y social departamentales corresponden a los Gobiernos
Autónomos Departamentales.
“Si bien ahora
tenemos la posibilidad de realizar esos planes, esta ley nos corta la
posibilidad de que estos planes sean integralmente desarrollados por
los Gobiernos Autónomos Departamentales, porque nuestros planes
deberán ceñirse a lo establecido por este Plan de Desarrollo Económico y
Social, lo cual es evidentemente un atentado contra las autonomías
departamentales”, explicó.