El plan de desarrollo que aprobó el MAS ya genera protestas en municipios, universidades y gobernaciones. La norma, sancionada en el Senado, fue enviada a la Casa Grande del Pueblo para que sea promulgada, pero esperan que, en esa última etapa, se puedan atender los reclamos.

Por una parte, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, lamentó la falta de socialización de esta ley compuesta por seis artículos y un anexo de 209 páginas donde está el cuestionado plan, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los poderes del Estado, gobernaciones, municipios y universidades.

“El Legislativo no aprende la lección, sigue aprobando leyes sin socializar con los involucrados”, señaló Copa, quien envió una nota al presidente Arce, pues Copa considera que “no es ético” que los planes locales tengan que adecuarse al plan nacional.

De acuerdo con la disposición adicional única del proyecto de ley 342, los planes de las entidades públicas deben ser adecuados en un plazo de 120 días, en el caso de los municipios el tiempo perentorio es de 180 días.

“Lamentar una decisión que nos pide que nos ajustemos al plan de desarrollo que ellos están sacando y nos dan 180 días, sabiendo que nosotros ya hemos presentado nuestros planes operativos anuales”, remarcó la alcaldesa.

Por su lado, la alcaldía de La Paz, a través de un comunicado, rechazó la vigencia de esta norma porque no se puede obligar a los gobiernos autónomos a “vulnerar la Constitución”.

“El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz rechaza la manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada del martes la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, que vulnera la autonomía municipal vigente en el país desde la aprobación de la Constitución Política del Estado (CPE)”, señala un comunicado.

“El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 ‘Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones’ es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías) y universidades públicas”, señala el artículo cuarto.

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (Umsa), Óscar Heredia, advirtió que no existe la posibilidad que se les pueda obligar a las universidades a vulnerar su autonomía, que es una conquista consagrada en la Constitución

“Este plan articula 13 pilares establecidos en la agenda patriótica del Bicentenario y tiene 10 ejes estratégicos, no hay cambios sustanciales”, mencionó.

“Como universidad, estaremos atentos ante cualquier amenaza que intente violar el Estado de derecho y las libertades individuales y colectivas. Hemos sido y seremos celosos guardianes de la autonomía universitaria y los valores democráticos”, señala el comunicado emitido por la UMSA.

Desde el MAS, defendieron la norma y aseguraron que no se vulneró la autonomía.

“Si cada institución  va a hacer su plancito para su isla, para su territorio, no vamos a avanzar y es lo que ha pasado en el país”, señaló el diputado Héctor Arce (MAS), quien además aseguró que se trata de proyectar un plan de desarrollo de largo plazo.

“Uno de los problemas que ha tenido nuestro país es que jamás hemos realizado y elaborado  un verdadero plan. Lo que hemos tenido son programas y políticas de Gobierno y no planes ni políticas de Estado”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, indicó que existe plena coordinación con el Ejecutivo y que este plan no afectará el ordenamiento constitucional del país.

Además, la Gobernación cruceña, a través de su secretario de Justicia, Efraín Suárez, cuestionó la Ley 342 de Desarrollo Económico y Social porque “representa un duro atentado contra las autonomías” departamentales, municipales y de las universidades.

Para cuestionar el contenido de esta Ley 342, la autoridad departamental señaló que la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 300, Numeral 32, establece que: la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo económico y social departamentales corresponden a los Gobiernos Autónomos Departamentales.

“Si bien ahora tenemos la posibilidad de realizar esos planes, esta ley nos corta la posibilidad de que estos planes sean integralmente desarrollados por los Gobiernos Autónomos Departamentales, porque nuestros planes deberán ceñirse a lo establecido por este Plan de Desarrollo Económico y Social, lo cual es evidentemente un atentado contra las autonomías departamentales”, explicó.