Para el Gobierno ya no hay vuelta atrás. La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, anunció ayer que la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, que el martes sancionó el MAS en la Asamblea Legislativa, será promulgada en las próximas horas, a pesar de las observaciones de universidades, municipios y gobernaciones que ven al menos siete artículos que vulneran la Constitución Política del Estado (CPE).

La ley validada por el oficialismo consta de seis artículos, además de una disposición adicional que establece el plazo de 120 y 180 días para que las instituciones de todo el aparato estatal, incluidas gobernaciones, municipios y todo el Órgano Judicial, adecúen sus planes a los parámetros establecidos en la nueva ley y que están desarrollados en un anexo de 209 páginas.

La principal observación de la ley tiene que ver con el artículo cuarto de la nueva normativa que plantea la obligación de aplicar el plan nacional. También se cuestiona la falta de socialización del plan que está establecido en el artículo 312 de la Constitución. El MAS aseguró que el plan fue el resultado de cumbres departamentales, pero ayer la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y otros representantes regionales lamentaron que los gobiernos autónomos no hayan participado de las consultas.

Los otros cinco artículos de la CPE que generan tensión con la nueva normativa tienen que ver con las definiciones establecidas en la organización territorial del Estado, que tiene que ver con el diseño de planes locales y presupuestos de acuerdo con las competencias definidas por la CPE.

El constitucionalista José Luis Santistevan señaló que “se viola el sistema autonómico” porque se obliga a cumplir con el plan nacional de “manera coercitiva”.

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, defendió las competencias del Ejecutivo en la “política económica” que están en el artículo 300 de la CPE.