Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 03 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El oficialismo defendió el proyecto de ley del “Plan de
Desarrollo Económico y Social 2021-2025” y aseguró que no afectará a ningún
sector cuando entre en vigencia. La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la
Alcaldía de La Paz emitieron sus observaciones y demandaron que antes de su
promulgación deba ser consensuada.
La norma fue sancionada la madrugada de ayer 2 de
noviembre y fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. El documento
establece que es de obligatoria “ejecución y aplicación” por parte de los
cuatro poderes del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani,
afirmó que el oficialismo se encuentra predispuesto a escuchar propuestas
concretas en caso de que hubiera algunas observaciones en el reglamento. Sin
embargo, descartó que se pueda retroceder en su vigencia.
“Siempre estarán abiertas las puertas para continuar,
porque acá lo que no podemos es retroceder en el proyecto de ley, que tiene
mucha relación con la reactivación económica, con temas de salud
y educación”, afirmó.
La UMSA emitió en pasadas horas un comunicado en el
que insta al Gobierno a que lo pueda hacer parte de la
socialización del documento para evitar cualquier tipo de susceptibilidad
que vulnere la autonomía universitaria.
“Instamos al Gobierno nacional hacer partícipe a la
diversidad y pluralidad de los actores de la sociedad civil boliviana en la
construcción, socialización, retroalimentación e implementación del plan,
siendo este un requisito fundamental para dar legitimidad a tan importante
instrumento de desarrollo”, se lee en el documento.
En el escrito, firmado por el rector Óscar Heredia, se
añadió que estarán “atentos” a cualquier amenaza que intente “violar el Estado
de derecho y las libertades individuales y colectivas”.
NO ATENTA CONTRA AUTONOMÍA
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis
Adolfo Flores negó que se busque atentar contra la autonomía municipal
departamental e incluso la universitaria, y aseguró que la norma se encuentra
enmarcada según la Constitución Política del Estado.
“La Constitución, en sus diferentes artículos, garantiza la
planificación nacional y responsabiliza al Gobierno nacional; la planificación
departamental, a los gobiernos departamentales y la planificación municipal, a
los gobiernos municipales”, sostuvo.
La Alcaldía de La Paz emitió un comunicado
donde expresó su rechazó a la norma y exigió al presidente Luis Arce
no promulgarla y abrir un espacio de diálogo para alcanzar consenso con todos
los sectores afectados.
“La ley impone a las Entidades Territoriales Autónomas
(ETA), es decir, gobernaciones y municipalidades, a basarse en un plan nacional
de desarrollo que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes
departamentos y municipios del país, y específicamente a la que tiene el GAMLP,
que goza de autonomía según la CPE”, se lee en parte del documento.
Flores aseguró que en la norma se encuentran
diferenciadas las tareas o competencias y negó que el Estado vaya a tomar las
competencias de la Alcaldía o Gobernación.
Desde que comenzó su tratamiento, la oposición tuvo
observaciones.
La norma, en su artículo 4, establece que es de “ejecución y
aplicación obligatoria” por parte de los órganos Ejecutivo; Legislativo;
Electoral y Judicial, incluido el Tribunal Constitucional; instituciones de
Control y Defensa de la Sociedad y el Estado; entidades territoriales
autónomas; y universidades públicas.