Bolivia se caracteriza por tener una ciudadanía muy politizada, y quizá como una extensión (u origen) de la sociedad polarizada, también unos políticos muy confrontados. Aunque un alto porcentaje de la población desconfíe de estos últimos, no menos cierto es que la agenda política concita el interés de los bolivianos, tal vez más que en otros países.

Solo una pandemia, después de la grave crisis social de 2019, que se detonó con la revolución de los “pititas” y desembocó en la posterior salida de Evo Morales del poder, fue capaz de superar en atención a las clásicas informaciones políticas en el ámbito nacional. Entretanto, las tensiones entre oficialistas y opositores, tanto dentro del Congreso como fuera de él, continuaron, aunque sea con un perfil noticioso más bajo.

En las pasadas semanas, a partir del primer paro cívico contra el presidente Luis Arce, la política volvió a estar en boca de todos y con su habitual tono de altisonancias y desencuentros.

(Cabe aquí un paréntesis con la pregunta de si los conflictos derivados de la polarización, que mantienen divididos a los bolivianos y que en muchos casos son alentados por intereses políticos o económicos –algo sobre lo cual hay incontables antecedentes históricos–, realmente merecen tanta atención, incluso tanto desgaste intelectual. Si, por concentrarnos casi exclusivamente en las diferencias políticas o ideológicas entre bolivianos, no estamos descuidando temas más importantes).

El último ‘round’ entre el oficialismo y la oposición se registró ayer, miércoles, en el cierre de la legislatura 2020-2021. Diputados y senadores, reunidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cruzaron gritos de “fraude” y “golpe” tras los informes de los presidentes de las cámaras Baja y Alta.

Obviamente, de acuerdo con el libreto que venimos siguiendo, al detalle, hace varios meses, los políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) eran los que aludían al manido “golpe de Estado”, mientras que los de las bancadas de Comunidad Ciudadana y de Creemos al “fraude electoral” de 2019 confirmado recientemente por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Vociferando, no dialogando; así se busca el entendimiento dentro del Parlamento nacional. Y así nos va también como país.

Estamos a cuatro días del anunciado paro nacional de gremiales, al que ayer se han sumado los comités cívicos del país, en lo que promete ser un nuevo frente de discordia y ante lo cual el Gobierno no reacciona. Y cuando lo hace, por lo general, no procede como corresponde, en aras de la hermandad en democracia, invitando a acercar a las partes, sino echando más leña al fuego con discursos confrontacionales.

Los opositores no lo hacen mejor: parecen todos –unos y otros– cortados con la misma tijera.

El motivo del paro nacional que se avecina, el segundo durante la administración de Arce, es contra la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Gremiales, y ahora también los cívicos del país, exigen la abrogación de esa norma; una suerte de continuidad de la protesta que originó el primer paro, aquella vez, en contra de un proyecto de ley sobre el mismo tema.

Se miden fuerzas en las calles, como ha ocurrido tantas veces en el país, y, así, no se vislumbran grandes soluciones, más allá del ahondamiento de las crisis en curso. Es, por lo demás, una receta bien enseñada por el expresidente Morales, de cuando no era político sino únicamente dirigente sindical de su sector, los cocaleros.