Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 04 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Dirigentes de los comités cívicos de los nueve departamentos
del país anunciaron ayer que respaldarán “el paro indefinido” que fue convocado
por los comerciantes y otros sectores sociales en rechazo a la Ley de
Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y
Financiamiento al Terrorismo, promulgada en agosto por el presidente Luis Arce.
La protesta, que comenzará el 8 de noviembre, fue organizada
para pedir la anulación o reconsideración de al menos ocho leyes observadas,
pero especialmente la llamada “ley madre”, que dio vida a la estrategia contra
la legitimación de ganancias ilícitas.
“Bolivia entra en un paro indefinido el 8 de noviembre.
Santa Cruz y todas las instituciones van a respaldar la medida por completo.
Queremos libertad, queremos democracia y queremos que este Gobierno indolente
nos oiga”, declaró anoche el presidente de los cívicos cruceños, Rómulo Calvo,
tras la reunión que sostuvo con los miembros del directorio.
Más temprano, el movimiento cívico del país emitió un
pronunciamiento de “apoyo y respaldo total” a las decisiones de otros sectores
contra las “leyes malditas e inconstitucionales”, que el Ejecutivo activó con
el respaldo de su bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa.
“Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones
adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de
aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos,
sumándonos al paro general, con un paro cívico nacional indefinido que se
acatará desde el 8 de noviembre de 2021”, señala el texto divulgado por
dirigentes de los cívicos.
El documento subraya que se trata de una movilización
ciudadana que se mantendrá hasta lograr la “abrogación total” de la Ley 1386,
además de sus anexos. Pero, el pronunciamiento exige que el MAS restituya
también los dos tercios en el reglamento de la Asamblea Legislativa, con miras
a recuperar las condiciones de la “verdadera democracia”.
El 28 de octubre, una cumbre multisectorial de organizaciones
sociales que se reunió en Santa Cruz de la Sierra resolvió ir al paro nacional
si el Gobierno no deroga la “ley madre” hasta el 7 de noviembre. No obstante,
el MAS aseguró que no iba a retroceder con esa norma y que buscaría acuerdos
solo para reglamentar la cuestionada normativa que permite ajustes sobre la
política contra el lavado de activos a través de decretos y proyecta más
atribuciones en favor de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La reunión contó con la participación de los transportistas
confederados de larga distancia, nacional e internacional, además de las
cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de
vecinos (Fejuves).
El Gobierno aseguró que la Ley 1386 no establece ningún tipo
de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector. Aseguró que la
norma establece la vigencia de una política pública que se aplicará de manera
coordinada con el Órgano Judicial y la Fiscalía.
Desde Oruro, la presidenta del Comité Cívico de ese
departamento, Rosario Sandalio, afirmó que la medida de presión “es para
preservar las libertades ciudadanas” que, en su criterio, pretenden ser
avasalladas por el Gobierno.