Los cívicos de los nueve departamentos del país anunciaron su apoyo al paro indefinido convocado por los gremiales en rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El pronunciamiento fue fijado en un documento donde expresaron su “apoyo y respaldo total” a las decisiones que vayan a asumir otros sectores ante el intento de aprobar “leyes malditas e inconstitucionales”.

“Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al Paro General, con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre de 2021”, se lee en parte del documento.      

Expresaron el apoyo a la ciudadanía que se moviliza pacíficamente, hasta lograr la "abrogación total" de la Ley 1386 además de sus anexos, junto a otros documentos.

Demandaron además el restablecimiento “inmediato” del sistema de votación de 2/3 en la modificación al Reglamento de Debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con ello “garantizar una verdadera democracia”.

Los gremiales, junto a otros sectores, tomaron la decisión de continuar con las medidas de presión pese a que se haya oficializado el retirado del Legislativo el proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Aunque no todos los gremiales acatarán la medida determinada e indicaron que saldrán a vender con normalidad.

El Gobierno aseguró que la Ley 1386 no establece ningún tipo de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector y aseguró que es solo de coordinación interinstitucional entre entidades que dependen del Estado y el Poder Judicial.