Los representantes cívicos del país determinaron, tras una reunión nacional, sumarse al paro indefinido convocado para el 8 de noviembre por los gremiales en rechazo a la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Según un comunicado, los nueve departamentos apoyan la medida.

Tras un paro de 24 horas y protestas lideradas por el sector gremial hace dos semanas, el cuarto intermedio en la demanda de abrogación de la Ley 1386 concluye el 7 de noviembre y el 8 se activarán las movilizaciones anunciadas por gremiales, transportistas, plataformas ciudadanas, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) y, ahora, los cívicos.

Rosario Sandalio, dirigente cívica de Oruro, indicó que no sólo rechazan la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, sino también la Ley 342 que pone en marcha el “Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”, debido a que vulnera las autonomías en Bolivia.

En tanto Rómulo Calvo, líder de los cívicos de Santa Cruz, confirmó que Bolivia ingresará en un paro indefinido a partir del 8 de noviembre y que el “gobierno moral de los cruceños ha decidido apoyarlo”.

Los cívicos de Cochabamba también apoyarán el paro. A través de un comunicado, informaron que hoy harán la convocatoria públicamente.

“Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general, con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre de 2021”, se lee en parte del documento.

Asimismo, manifestaron su apoyo a la ciudadanía que se expresa pacíficamente hasta lograr la “abrogación total” de la Ley 1386 además de sus anexos. Piden también “el restablecimiento de inmediato del sistema de votación de dos tercios en el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Santa Cruz

Calvo dijo en rueda de prensa, como representante de la sociedad cruceña: “Queremos libertad, queremos democracia y queremos que este Gobierno indolente nos escuche”.

Se prevé que el paro sea con cierre de mercados y carreteras principales del país, por lo que se formarán comisiones para garantizar la provisión de alimentos para la población.

“No vamos a ser nosotros los que dañemos a nuestra propia gente; nosotros vamos a trabajar para que no exista hambre, para que exista salud, para que exista lo que ya conocemos nosotros los bolivianos; será un paro de paz, de armonía, de libertad y por una Bolivia diferente”, apuntó.

Calvo convocó al pueblo cruceño para que retome otra vez “esa pita de libertad, esa pita de democracia, para demostrar a este Gobierno que nosotros vamos por una Bolivia diferente, por una Bolivia libre”.

Para el Gobierno, la ley sirve para coordinar

El Gobierno aseguró que la Ley 1386 no establece ningún tipo de sanción contra los gremiales, transportistas u otro sector y aseguró que es sólo de coordinación interinstitucional entre entidades que dependen del Estado y el Poder Judicial.

El documento emitido ayer por los cívicos dice: “Brindar nuestro apoyo y respaldo total a las decisiones adoptadas por todos los sectores que se sienten amenazados por el intento de aprobar estas leyes malditas e inconstitucionales para todos los bolivianos, sumándonos al paro general con un paro cívico nacional indefinido que se acatará desde el 8 de noviembre”.

El Gobierno descalificó anteriores movilizaciones porque asegura que se trata de una acción política que pretende desestabilizar.