La capacidad y lealtad de los servidores públicos es nuevamente objeto de debate tras el anuncio del Pacto de Unidad de conformar una comisión para “la erradicación del ‘pitismo’” (sic) en las entidades públicas. El asunto no es nuevo, aunque hoy tiene un perfil distinto. Cada cambio de gobierno, en todos los niveles territoriales, trae consigo el despido masivo de funcionarios.

Ya es un lugar común en la administración pública, casi como ritual, que el inicio de una nueva gestión gubernamental implica la “masacre blanca” de funcionarios. Más allá del cambio normal y previsible de las autoridades jerárquicas, hay remoción también de profesionales y técnicos. Ocurre así tanto en el Órgano Ejecutivo como en las gobernaciones departamentales y gobiernos municipales. En el reclutamiento de funcionarios públicos priman criterios de filiación o adhesión político-partidaria.

Lejos de la institucionalización o de una carrera de servicio civil, el cambio periódico de servidores en el aparato estatal contribuye en general a su debilidad e ineficiencia. La experiencia y los méritos no necesariamente cuentan a la hora de distribuir cargos. Baste recordar el tiempo de la “democracia pactada”, donde los partidos formaban coaliciones de gobierno basadas en el cuoteo de espacios de poder y recursos. Con otros actores, tal lógica se mantuvo en esencia durante las gestiones de Morales.

Un momento emblemático de esta práctica de remoción de funcionarios públicos se produjo durante el régimen inconstitucional de Áñez. En junio de 2020, el entonces poderoso ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció con desparpajo que estaban haciendo un “rastrillaje” (sic) en todos los ministerios e instituciones para despedir a toda la gente del MAS. Varios fueron perseguidos y encarcelados. Murillo buscaba culpables tras el vergonzoso caso de corrupción en la compra de respiradores chinos.

Hace unos días hubo otro momento simbólico, en este caso por cuenta de las cinco organizaciones matrices que están en la base del MAS-IPSP. En su más reciente resolución, a tiempo de expresar su respaldo y defensa “inclaudicable” al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca, el Pacto de Unidad incluyó “la erradicación del ‘pitismo’” en las instituciones públicas y empresas estratégicas como uno de los criterios de evaluación de la gestión de gobierno. Su propósito es el control de “traidores infiltrados”.

Más allá de la legitimidad de origen proveniente del voto ciudadano, se espera de los gobiernos una administración estatal eficiente en beneficio del bienestar colectivo. Para ello es fundamental contar con equipos profesionales y técnicos competentes, cuyos saberes y experiencia garanticen la implementación de políticas públicas. Claro que son importantes la lealtad y el compromiso con el proyecto político y el programa de gobierno electo por la población, pero cuenta sobre todo el servicio público.