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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: jueves 04 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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La Constitución Política del Estado establece en el Art. 316
que “La función del Estado en la economía consiste en: 1. Conducir el proceso
de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La
ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a
todas las entidades territoriales. 9. Formular periódicamente, con
participación y consulta ciudadana, el plan general de desarrollo, cuya
ejecución es obligatoria para todas las formas de organización económica”. Como
de costumbre, el servidor Luis Arce NO CUMPLE el mandato constitucional y “le
mete nomás”, siguiendo el ejemplo de su jefe cocalero.
La Ley 342 Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025
definirá en qué gastan las alcaldías y gobernaciones. Proyecto sin consenso,
como todo lo que hace este gobierno autoritario, está orientado al fomento de
las empresas estatales “para sustituir importaciones”, sin tomar en cuenta que
el sector productivo privado aporta más del 80% a la economía nacional y que
las empresas estatales fracasaron porque son deficitarias y el gobierno sigue
fomentando la ineficiencia con créditos que hacen que se incremente la deuda
interna.
Este proyecto, SIN CONSENSO con los gobiernos subnacionales,
no cumple la Técnica Legislativa, que debe contener presupuesto para la
ejecución del mencionado plan. Al carecer de fuente de financiamiento, es otra
estafa, solo es un plan político destinado al control de todos los poderes sin
cuestionamiento. Se plantea que el Estado financiará el 61% y con recursos
externos el restante, sin explicar de dónde provendrá ese financiamiento,
porque la deuda interna de las empresas estatales al Tesoro General de la
Nación, a octubre de 2020 llegó a $us.11.911 millones, y la deuda externa
alcanza a $us.12.525 millones, un total de $us.24.436 millones, monto que
sobrepasó el equivalente a 50% del PIB.
El nivel central concentra el 85% de la inversión pública, y
solo el 15% se distribuye entre las gobernaciones, municipios y universidades.
Ahora pretenden obligar a los gobiernos subnacionales, sin haber consensuado, a
ejecutar presupuestos, si no lo hacen, las autoridades locales pueden ir
presas.
El Art. 4 del Plan Nacional de Desarrollo obliga a las
entidades territoriales autónomas, empresas públicas, universidades, a la
industrialización de importaciones a través de la inversión que impone el
gobierno, pero será insuficiente porque el mercado interno es pequeño. Se debe
apostar al gran mercado internacional para activar el gran potencial que tiene
Bolivia, sobre todo en el sector no tradicional.
También obliga al Poder Judicial, violando el estado de
derecho, por ello la ciudadanía sale a las calles, porque la ley atenta contra
sus derechos. Entonces el soberano se subleva y empieza la insurgencia que se
está empoderando, y si no retrocede hasta el día 8 de noviembre, fecha que
cumple un año de gestión Arce, empezará un PARO INDEFINIDO. Y es que el
gobierno no cumple el Art. 172, que expresa: “el presidente debe cumplir y
hacer cumplir la Constitución”.
En la economía del consumismo se pretende el crecimiento,
pero, ¿con la inundación de productos de importación?, como la papa y productos
agrícolas del Perú, las frutas de Chile y Argentina, cuando en Bolivia tenemos
productores agropecuarios que no reciben apoyo del gobierno.
Con el modelo económico extractivista no hay reactivación
económica, si hay crecimiento es porque se retornó a la normalidad, no existe
algún indicador que establezca una actividad económica sobresaliente, la
exportación de carne sigue, la minería mantiene su ritmo, la explotación de
litio quedó congelada.
No hay generación de empleo, la informalidad en Bolivia es
del 80% de la población económicamente activa; el único indicador que resalta
es del circuito coca cocaína, mientras la crisis social se agrava por los
grupos paraestatales que toman las instalaciones de Adepcoca, cuando el
ministro Castillo descaradamente apoya al usurpador Alanes. Actualmente el
gobierno se desgastó y va camino a que sus socios que lo apoyaron para subirlo
al poder, hoy amenazan con PARO INDEFINIDO desde el 8 de noviembre, si Arce no
respeta la Constitución.