En medio de cuestionamientos desde subgobiernos y universidades, el Gobierno salió este miércoles a defender la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y explicó que es una norma orientada a articular los planes de desarrollo y evitar un “proceso ineficiente”, respetando las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, explicó detalles del plan fijado en una ley sancionada en el Legislativo y que está en manos del presidente Luis Arce para su promulgación y vigencia.

“Sería un proceso totalmente ineficiente que los diferentes niveles del Estado no pueden armonizar sus esfuerzos hacia un horizonte claro, que en este caso es la planificación del desarrollo económico y social que viene de la mano de las atribuciones que tiene el Ejecutivo”, explicó en conferencia de prensa.

Mendoza sostuvo que los lineamientos de desarrollo departamental y municipal son competencia de los subgobiernos, pero deberán estar en “concordancia” con el plan nacional de desarrollo con la finalidad de articular esfuerzos hacia un único norte de desarrollo económico y social definido en el plan.

Los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de El Alto, Eva Copa, además de autoridades de la Gobernación de Santa Cruz, coincidieron en que la ley sancionada por el Legislativo atenta con las autonomías y denunciaron que no hubo un proceso de socialización. La cruceña Universidad Gabriel René Moreno convocó a una movilización.

“Aclaración frente a algunas desacertadas declaraciones o sesgos en la información, que han estado queriendo utilizar últimamente con fines totalmente malintencionados que reflejan el desconocimiento del ordenamiento legal vigente”, cuestionó la ministra y aclaró que Ejecutivo tiene la atribución constitucional de delinear el plan de desarrollo quinquenal.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 tiene un presupuesto de $us 33.197 millones y una proyección de crecimiento promedio anual de 5,1%. “Se está definiendo el norte para proceder a la reconstrucción económica y social en el país”, insistió.

“El desarrollo departamental es competencia de los gobiernos autónomos departamentales siempre y cuando se encuentro en concordancia con el plan nacional, en lo municipal es competencia de los municipios siempre y cuando estén en concordancia con la planificación nacional y por supuesto departamental”, insistió la autoridad.

También descartó que se vaya a esperar los resultados del próximo censo, porque implicaría demorar al menos hasta el 2023 la ejecución del plan.

“Es demasiado tiempo y es un tiempo que como gobierno nacional no estamos dispuestos a esperar porque nos preocupa el bolsillo de los bolivianos, nos preocupa la alimentación de nuestros hogares, nos preocupan las distintas temáticas”, explicó Mendoza.