Regiones y universidades  cuestionan la Ley del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (Pndes) 2021-2025 y aseguran que les quita el poder de decidir en qué gastar su presupuesto. Piden que el presidente Luis Arce no promulgue la norma.

El Senado aprobó en  la madrugada de ayer la Ley  del Pndes 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, que establece la aplicación y ejecución obligatoria para el Legislativo, el  Ejecutivo, las empresas públicas, el Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y las universidades públicas.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz señaló que la ley es inconstitucional porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y gastos de inversiones de las autonomías.

Añadió que la obligatoriedad que establece la norma en sus artículos 1 y 4 sobre las ETA viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque controla sus presupuestos de inversión establecidos conforme a sus instrumentos de planificación aprobados por leyes municipales, como son los Planes de Desarrollo Integral y los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos Anuales (POA).

Agregó que el presupuesto 2022 ya ha sido elaborado por las ETA con  base en su autonomía y estos planes. “La Ley de Pndes pretende modificar los planes y con ello controlar los gastos e inversiones, recentralizados los recursos y aplicando de manera retroactiva la ley. Contraviene el artículo 123 de la CPE, pretendiendo aplicar de forma retroactiva la ley”, advirtió.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz rechazó la “manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada la Ley del Pndes,  que vulnera la autonomía municipal”.

“La ley impone a las ETA, es decir gobernaciones y municipios, a basarse en un Pndes que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, específicamente a la que tiene el Gobierno Municipal de La Paz, que goza de autonomía, según la CPE”, subraya un comunicado.

La  Alcaldía observa el inciso II del artículo 4 que señala que “los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos institucionales de empresas públicas y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Pndes”. Los incisos III y IV de ese artículo estipulan que los recursos del Presupuesto General del Estado y los que provengan de la cooperación internacional no pueden utilizarse al margen de lo que fija el Plan. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz demanda al presidente Arce que no promulgue la ley en aras del respeto a la CPE, a la convivencia ciudadana y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad.

La ley, que ahora debe ser promulgada en su disposición adicional única, sostiene que los planes sectoriales, multisectoriales, de empresas públicas y otros deberán ser elaborados o adecuados al Pndes en un plazo máximo de 120 días a partir de la promulgación de la ley.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa,  en declaraciones a Unitel lamentó que el Órgano Legislativo no aprenda la lección y siga sacando leyes sin socializar con las ETA.

“Lamentablemente  nos piden que nos ajustemos al Pndes que están sacando   y nos dan 180 días,  pese a que ya   presentamos nuestros POA, eso  nos preocupa”, puntualizó la autoridad.

Añadió que la  ciudad de El Alto creció mucho, hay muchas necesidades y se debe priorizar el gasto en salud, educación por la pandemia, pero el Plan da las directrices en las que se debe enmarcar la Alcaldía.

“Si no hay respuesta a nuestras demandas  vamos a tener que tomar decisiones en el Concejo  Municipal y organizaciones  sociales. No queremos pecar de boicoteadores, pero las organizaciones deben conocer”, manifestó.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza, aclaró anoche que en el Pndes aprobado para 2016-2020 ya se definieron las directrices y la obligación de las diferentes instancias del Estado de adecuar sus planes al Plan Nacional. Además, los gobiernos autónomos municipales y departamentales deben remitir la información y planes al Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aclaró que la Constitución en su artículo 298  establece que la política económica y planificación es competencia privativa del nivel central. “Esto es  importante  frente a las desacertadas  declaraciones y que  reflejan desconocimiento del ordenamiento jurídico  vigente”, precisó.

Mendoza añadió que la CPE indica que la planificación de desarrollo departamental y municipal es competencia de alcaldías y gobernaciones, pero siempre y cuando los planes estén en concordancia con la planificación nacional. De lo contrario, dijo que sería un proceso ineficiente que los distintos niveles del Estado no puedan armonizar esfuerzos hacia un horizonte que es la planificación del desarrollo.

“Recomendar a la población que no se deje engañar con este tipo de tergiversaciones, argumentos inválidos que  sólo tienen el fin de    frenar los avances económicos y sociales en este primer año de gobierno. Los que quieren  reconstruir  económicamente y productivamente el país, por supuesto van a acompañar la estrategia del Gobierno nacional”, dijo.