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Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 03 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El Gobierno no ha salido
aún de un conflicto con gremiales, transportistas, médicos, juntas de vecinos,
cívicos y otros sectores de la economía nacional por el rechazo a la ley 1386
de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, y sin embargo está
abriéndose un nuevo frente con las regiones por la ley del Plan de Desarrollo
Económico y Social 2021-2025 (PDES), que según sus críticos pulveriza las
autonomías en todos los niveles en el país.
La ley, que tiene el
nombre de Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la
industrialización con sustitución de importaciones, fue aprobada en grande en
el Senado y el gobernante Movimiento al Socialismo dio señales para continuar
su aprobación sin modificaciones hasta su promulgación final.
Uno de los artículos más polémicos de la norma es el 4, numeral I, que
establece explícitamente la obligatoriedad de las entidades territoriales
autónomas “a ceñirse a este plan centralizado”, según observó la senadora de
oposición Centa Rek.
El citado
artículo señala que la ley es de ejecución y aplicación obligatoria para
el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano
Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y
defensa de la sociedad y del Estado, y universidades públicas.
Puesto así, la
oposición entiende que el plan no permite a las entidades regionales presentar
sus propios proyectos ni llevar adelante su planificación, con lo cual se
estaría dando final a las autonomías departamental, municipal y universitaria.
En el siguiente
numeral del mismo artículo, el proyecto establece que los planes sectoriales
territoriales de gestión territorial comunitaria, multisectoriales,
estratégicos-ministeriales, estratégicos-institucionales, de empresas públicas,
estrategias de desarrollo integral y otros deberán ser adecuados, elaborados,
formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico
Social.
Así, las entidades autónomas
tendrían que consultar prácticamente todo al nivel central, no existirían más los
planes departamentales ni municipales y se estaría imponiendo la visión del
gobierno a las administraciones regionales.
El senador Rodrigo Paz Pereira observa que “meterán la mano en el bolsillo de
las gobernaciones y alcaldías, como se trata de hacer con las otras leyes que
quieren meter mano en el bolsillo de la gente”.
Más adelante, en el
artículo 6, el proyecto señala que el Gobierno podrá hacer ajustes al plan mediante
decreto supremo,
lo que significa prácticamente desautorizar las atribuciones de la Asamblea
Legislativa, porque las leyes que esta aprueba podrían ser cambiadas por el
Ejecutivo con un simple decreto.
El Gobierno de Luis Arce
ya tuvo que retroceder en una ley anterior por no buscar consensos ni escuchar la voz de
los sectores directamente afectados por la norma, pero aun así insiste en
legislar de espaldas a la opinión de regiones y sectores. En este caso, se sabe
que no hubo ningún tipo de “socialización”, como a ellos les gusta decir, con
gobiernos departamentales, alcaldías ni universidades.
Vendrá, por tanto, un
nuevo frente de conflicto, y
queda la amarga sensación de que ese será el estilo de gobernar de Luis Arce,
en medio de tensiones políticas y aprobación de leyes con nombres muy
vendedores, pero con contenidos atentatorios contra los derechos de los
ciudadanos, en unos casos, y contra la autonomía de regiones e instituciones,
como en este último caso.