El MAS se impuso y la madrugada del martes sancionó la ley de desarrollo económico y social, que es criticada por los opositores y autoridades municipales regionales porque ven que vulnera las autonomías en todos sus niveles.​

La norma tiene seis artículos. En el primero señala que la ley tiene por objeto establecer “la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación”.

La oposición protestó. El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, señaló que esta norma sorprende porque “genera un control del Gobierno sobre los recursos económicos del país y aniquila totalmente a la autonomía”, dijo.

Su colega de Creemos, Centa Rek, expresó que “pulveriza las autonomías. Es de cumplimiento obligatorio, el plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, dijo.

El diputado Juanito Angulo, del MAS, respondió que desde la Asamblea Legislativa se debe garantizar la seguridad jurídica. “Necesitamos una planificación a futuro. Qué haremos de aquí al 2025, qué políticas sociales y productivas vamos a generar desde el gobierno central, el departamental, el municipal, sin dejar de lado las universidades”.

Explicó que es falso que pulverice las autonomías. “Por el contrario, beneficiará a todos, porque desde el Gobierno central se generará la construcción de unidades educativas, de hospitales, de carreteras, de nuevos proyectos productivos que generen empleo, recursos económicos pero respetando la autonomía que está en la Constitución y en una ley específica”, mencionó.

Las atribuciones de los gobiernos locales y departamentales “están garantizadas”, y denunció que “la oposición usa este argumento como un pretexto para confundir y desinformar a la población”.

Para los opositores y autoridades regionales esta ley impone la visión centralista del oficialismo.

El inciso I del artículo 4 especifica que es el plan es “de ejecución y aplicación obligatoria” por parte de las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado y entidades territoriales autónomas (Es decir gobernaciones y alcaldías) y universidades públicas.

Paz Pereira señaló que “se impone por encima de la Constitución a instituciones independientes como las que se enumeran”.

Se preguntó, por ejemplo, “¿qué tiene que ver el Tribunal Constitucional en todo esto? Lo cierto es que impone una visión centralista y una normativa sobre todas las autonomías del país”.

Angulo reiteró que “no es así. Todo lo contrario, hablamos de una facultad al Ejecutivo, de coordinar con los gobiernos autónomos y las universidades públicas, en busca del desarrollo de cada región, y consiguientemente, del país en su conjunto”.

Pero el inciso II del artículo 4 establece que todo debe pasar por el Gobierno. El texto dice que “los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos ministeriales, estratégicos institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el plan de desarrollo económico y social”.

Además, el dinero estará bajo absoluto control gubernamental. Los incisos III y IV establecen que los recursos del Presupuesto General del Estado al igual que aquellos que provengan de la cooperación internacional se enmarcarán y serán canalizados de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan.

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación del plan, mientras que los ajustes al mismo se realizarán de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado.

Y este es otro punto que fue catalogado como “muy grave”, porque ese artículo señala que “las modificaciones parciales, complementarias o de forma, al programa de desarrollo, se aprobarán mediante Decreto Supremo”.

El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, cuestionó ese artículo y aseguró que se abre paso “al decretazo para aniquilar la independencia de los órganos del Estado, las regiones y también la autonomía universitaria”.

En este tema, Centa Rek fue muy contundente. “Este es un caso único, se están haciendo leyes para que la Asamblea Legislativa no legisle, es decir, la están clausurando, la están cerrando. Ahora el Ejecutivo puede cambiar las leyes a su antojo”, dijo en su intervención.

Reacciones

La norma se aprobó la madrugada del feriado de Todos Santos, además cuando la coyuntura y el debate político de la seguridad interna del país está centrada en la presencia de grupos irregulares armados que el jueves pasado secuestraron por siete horas a 17 personas, varios periodistas entre ellos, en la propiedad Las Londras, de Guarayos.

Pese a eso, las reacciones de los sectores afectados no se han hecho esperar.

El concejal de UCS, Maikol Negrete, fue el vocero de la posición que tiene el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández sobre el tema. Señaló que la norma viola la autonomía municipal, lamentó que en la elaboración no hubieran participado las entidades territoriales autónomas, conforme a la que expone el artículo 316 de la CPE.

Advirtió que la obligatoriedad que establece el proyecto de ley sobre los gobiernos subnacionales viola al menos cinco artículos de la Constitución, porque controla sus presupuestos de inversión, ingresos y gastos.

Complementó que el presupuesto de los gobiernos subnacionales, en este caso de la Alcaldía cruceña, fue aprobado en base a su autonomía.

Según Negrete, la nueva ley pretende modificar estos actos y controlar los gastos de inversión. Finalmente, dijo que se encuentra fuera de la realidad de las regiones, menciona el modelo económico basado en la agenda 2020-2025, que excluye a los gobiernos subnacionales y a la universidad, y que hasta ahora ha sido aplicable a estos actores, que no son parte del centralismo.

Por su parte, el secretario administrativo financiero del Gobierno Municipal de Cochabamba, Mauricio Muñoz, señaló que la Alcaldía realizó un análisis profundo de la norma, como una entidad territorial autónoma directamente afectada por su contenido.

“Esta norma representa un enorme retroceso para las conquistas alcanzadas por las regiones. La intención de que se puedan ejercer autonomías plenas en las nueve capitales permitían generar sus propios impuestos y planes específicos de acción”, dijo.

Pero, con esta ley el gobierno central “tiene un objetivo, que es definitivamente controlar absolutamente todo, y que las decisiones vengan desde La Paz. Todo esto se había descentralizado con las autonomías y la ley Andrés Ibáñez, que estaba en vigencia”, acotó.

El funcionario consideró que esta determinación afectará a los vecinos, que en realidad son quienes tienen necesidades.

“En el municipio de Cochabamba habíamos llegado a una descentralización absoluta”. Explicó que con los recursos de participación popular, la Alcaldía iba barrio por barrio “para que sea el vecino el que decida cuál es su prioridad. Un parque, iluminación, servicios básicos o un distribuidor. Pero ahora tendrá que definirse en La Paz, sin conocimiento de las necesidades”, acotó.

CON CAMBIOS DE ÚLTIMO MOMENTO, SE APROBÓ EN SENADO LA LEY DE ASCENSOS DE LAS FFAA

Entre las 2:00 y las 5:20 de la madrugada de este martes 2 de noviembre, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley de ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA).

El proyecto fue tratado después de sancionar la Ley sobre el desarrollo económico y social. A esa hora, sin previo aviso, se procedió a leer el texto de la mencionada norma, con varios cambios.

La oposición fue sorprendida porque el texto del proyecto que se distribuyó a todos los asambleístas el lunes, fue cambiado en varios aspectos.

La ley de ascensos de las FFAA tiene 20 artículos, una disposición adicional y una disposición final. Tras su aprobación fue remitida a la Cámara de Diputados, para revisión. Las modificaciones que a última hora hizo el MAS a este proyecto tuvieron el objetivo de quitar la presencia del Ministro de Defensa en las comisiones de evaluación para los ascensos.

El nuevo proyecto ya no incluye al Ministro de Defensa en el Tribunal de Ascensos, tampoco le da atribución de sugerir promociones ni de realizarlas con el decreto ministerial.

Es facultar del Ejecutivo coordinar en busca del desarrollo de cada región y del país”