Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 03 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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El MAS se impuso y
la madrugada del martes sancionó la ley de desarrollo económico y social,
que es criticada por los opositores y autoridades municipales regionales
porque ven que vulnera las autonomías en todos sus niveles.
La norma tiene seis
artículos. En el primero señala que la ley tiene por objeto establecer “la
obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación,
seguimiento y evaluación”.
La oposición
protestó. El senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, señaló que esta
norma sorprende porque “genera un control del Gobierno sobre los recursos
económicos del país y aniquila totalmente a la autonomía”, dijo.
Su colega de
Creemos, Centa Rek, expresó que “pulveriza las autonomías. Es de cumplimiento
obligatorio, el plan viene desde el centro y no permite a las entidades
regionales que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la
autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, dijo.
El diputado Juanito
Angulo, del MAS, respondió que desde la Asamblea Legislativa se debe garantizar
la seguridad jurídica. “Necesitamos una planificación a futuro. Qué
haremos de aquí al 2025, qué políticas sociales y productivas vamos a
generar desde el gobierno central, el departamental, el municipal, sin dejar de
lado las universidades”.
Explicó que es
falso que pulverice las autonomías. “Por el contrario, beneficiará a todos,
porque desde el Gobierno central se generará la construcción de unidades
educativas, de hospitales, de carreteras, de nuevos proyectos productivos
que generen empleo, recursos económicos pero respetando la autonomía que
está en la Constitución y en una ley específica”, mencionó.
Las atribuciones de
los gobiernos locales y departamentales “están garantizadas”, y denunció
que “la oposición usa este argumento como un pretexto para confundir y
desinformar a la población”.
Para los opositores
y autoridades regionales esta ley impone la visión centralista del
oficialismo.
El inciso I del
artículo 4 especifica que es el plan es “de ejecución y aplicación obligatoria”
por parte de las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano
Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal
Constitucional Plurinacional, instituciones de control y defensa de la sociedad
y del Estado y entidades territoriales autónomas (Es decir gobernaciones y
alcaldías) y universidades públicas.
Paz Pereira señaló
que “se impone por encima de la Constitución a instituciones
independientes como las que se enumeran”.
Se preguntó, por
ejemplo, “¿qué tiene que ver el Tribunal Constitucional en todo esto? Lo
cierto es que impone una visión centralista y una normativa sobre todas las
autonomías del país”.
Angulo reiteró que
“no es así. Todo lo contrario, hablamos de una facultad al Ejecutivo, de
coordinar con los gobiernos autónomos y las universidades públicas, en
busca del desarrollo de cada región, y consiguientemente, del país en su
conjunto”.
Pero el inciso II
del artículo 4 establece que todo debe pasar por el Gobierno. El texto dice que
“los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria,
multisectoriales, estratégicos ministeriales, estratégicos
institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y
otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en
concordancia con el plan de desarrollo económico y social”.
Además, el dinero
estará bajo absoluto control gubernamental. Los incisos III y IV establecen que
los recursos del Presupuesto General del Estado al igual que aquellos que
provengan de la cooperación internacional se enmarcarán y serán
canalizados de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan.
El Ministerio de
Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y
evaluación del plan, mientras que los ajustes al mismo se realizarán de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 777, de 21 de enero de
2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Y este es otro
punto que fue catalogado como “muy grave”, porque ese artículo señala que “las
modificaciones parciales, complementarias o de forma, al programa de
desarrollo, se aprobarán mediante Decreto Supremo”.
El jefe de bancada
de CC en Diputados, Carlos Alarcón, cuestionó ese artículo y aseguró que se
abre paso “al decretazo para aniquilar la independencia de los órganos del
Estado, las regiones y también la autonomía universitaria”.
En este tema, Centa
Rek fue muy contundente. “Este es un caso único, se están haciendo leyes para
que la Asamblea Legislativa no legisle, es decir, la están clausurando, la
están cerrando. Ahora el Ejecutivo puede cambiar las leyes a su antojo”,
dijo en su intervención.
Reacciones
La norma se aprobó
la madrugada del feriado de Todos Santos, además cuando la coyuntura y el
debate político de la seguridad interna del país está centrada en la presencia
de grupos irregulares armados que el jueves pasado secuestraron por siete horas
a 17 personas, varios periodistas entre ellos, en la propiedad Las Londras, de
Guarayos.
Pese a eso, las
reacciones de los sectores afectados no se han hecho esperar.
El concejal de UCS,
Maikol Negrete, fue el vocero de la posición que tiene el alcalde de Santa
Cruz, Johnny Fernández sobre el tema. Señaló que la norma viola la
autonomía municipal, lamentó que en la elaboración no hubieran participado
las entidades territoriales autónomas, conforme a la que expone el artículo 316
de la CPE.
Advirtió que la
obligatoriedad que establece el proyecto de ley sobre los gobiernos subnacionales viola
al menos cinco artículos de la Constitución, porque controla sus
presupuestos de inversión, ingresos y gastos.
Complementó que el
presupuesto de los gobiernos subnacionales, en este caso de la Alcaldía
cruceña, fue aprobado en base a su autonomía.
Según Negrete, la
nueva ley pretende modificar estos actos y controlar los gastos de
inversión. Finalmente, dijo que se encuentra fuera de la realidad de las
regiones, menciona el modelo económico basado en la agenda 2020-2025, que
excluye a los gobiernos subnacionales y a la universidad, y que hasta ahora ha
sido aplicable a estos actores, que no son parte del centralismo.
Por su parte, el
secretario administrativo financiero del Gobierno Municipal de Cochabamba,
Mauricio Muñoz, señaló que la Alcaldía realizó un análisis profundo de la
norma, como una entidad territorial autónoma directamente afectada por su
contenido.
“Esta norma
representa un enorme retroceso para las conquistas alcanzadas por las
regiones. La intención de que se puedan ejercer autonomías plenas en las
nueve capitales permitían generar sus propios impuestos y planes
específicos de acción”, dijo.
Pero, con esta ley
el gobierno central “tiene un objetivo, que es definitivamente controlar
absolutamente todo, y que las decisiones vengan desde La Paz. Todo esto se
había descentralizado con las autonomías y la ley Andrés Ibáñez, que estaba en
vigencia”, acotó.
El funcionario
consideró que esta determinación afectará a los vecinos, que en realidad
son quienes tienen necesidades.
“En el municipio de
Cochabamba habíamos llegado a una descentralización absoluta”. Explicó que con
los recursos de participación popular, la Alcaldía iba barrio por barrio “para
que sea el vecino el que decida cuál es su prioridad. Un parque,
iluminación, servicios básicos o un distribuidor. Pero ahora tendrá que
definirse en La Paz, sin conocimiento de las necesidades”, acotó.
CON CAMBIOS DE
ÚLTIMO MOMENTO, SE APROBÓ EN SENADO LA LEY DE ASCENSOS DE LAS FFAA
Entre las 2:00 y
las 5:20 de la madrugada de este martes 2 de noviembre, la mayoría
oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley de
ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA).
El proyecto fue
tratado después de sancionar la Ley sobre el desarrollo económico y social. A
esa hora, sin previo aviso, se procedió a leer el texto de la mencionada
norma, con varios cambios.
La oposición fue
sorprendida porque el texto del proyecto que se distribuyó a todos los
asambleístas el lunes, fue cambiado en varios aspectos.
La ley de ascensos
de las FFAA tiene 20 artículos, una disposición adicional y una
disposición final. Tras su aprobación fue remitida a la Cámara de Diputados,
para revisión. Las modificaciones que a última hora hizo el MAS a este proyecto
tuvieron el objetivo de quitar la presencia del Ministro de Defensa en las
comisiones de evaluación para los ascensos.
El nuevo proyecto
ya no incluye al Ministro de Defensa en el Tribunal de Ascensos, tampoco
le da atribución de sugerir promociones ni de realizarlas con el decreto
ministerial.
Es facultar del Ejecutivo
coordinar en busca del desarrollo de cada región y del país”