Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 03 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Tribunal Constitucional Plurinacional
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El MAS se impuso y la madrugada del martes
sancionó la ley de desarrollo
económico y social, que es criticada por los opositores y
autoridades municipales regionales porque ven que vulnera las autonomías en
todos sus niveles.
La norma tiene seis artículos. En el primero
señala que la ley tiene por objeto establecer “la obligatoriedad de su
aplicación y los mecanismos de
coordinación, seguimiento y evaluación”.
La oposición protestó. El senador de
Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, señaló que esta norma sorprende
porque “genera un control del
Gobierno sobre los recursos económicos del país y aniquila totalmente a la
autonomía”, dijo.
Su colega de Creemos, Centa Rek, expresó que
“pulveriza las autonomías. Es de cumplimiento obligatorio, el plan viene desde
el centro y no permite a las
entidades regionales que presenten sus proyectos, ni su propia planificación.
Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, dijo.
El diputado Juanito Angulo, del MAS,
respondió que desde la Asamblea Legislativa se debe garantizar la seguridad
jurídica. “Necesitamos una planificación a futuro. Qué haremos de aquí al 2025, qué políticas sociales y productivas vamos
a generar desde el gobierno central, el departamental, el municipal, sin dejar
de lado las universidades”.
Explicó que es falso que pulverice las
autonomías. “Por el contrario, beneficiará a todos, porque desde el Gobierno
central se generará la construcción de unidades educativas, de hospitales, de
carreteras, de nuevos proyectos
productivos que generen empleo, recursos económicos pero respetando
la autonomía que está en la Constitución y en una ley específica”, mencionó.
Las atribuciones de los gobiernos locales y
departamentales “están garantizadas”,
y denunció que “la oposición usa este argumento como un pretexto
para confundir y desinformar a la población”.
Para los opositores y autoridades regionales esta ley impone la visión centralista
del oficialismo.
El
inciso I del artículo 4 especifica que es el plan es “de ejecución y aplicación
obligatoria” por parte de las siguientes entidades: Órgano
Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano Judicial, Órgano
Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional, instituciones de control y
defensa de la sociedad y del Estado y entidades territoriales autónomas (Es
decir gobernaciones y alcaldías) y universidades públicas.
Paz Pereira señaló que “se impone por encima de la Constitución a
instituciones independientes como las que se enumeran”.
Se preguntó, por ejemplo, “¿qué tiene que ver
el Tribunal Constitucional en todo esto? Lo cierto es que impone una visión centralista y una normativa sobre
todas las autonomías del país”.
Angulo reiteró que “no es así. Todo lo
contrario, hablamos de una facultad al Ejecutivo, de coordinar con los gobiernos autónomos y las
universidades públicas, en busca del desarrollo de cada región, y
consiguientemente, del país en su conjunto”.
Pero el inciso II del artículo 4 establece
que todo debe pasar por el Gobierno. El texto dice que “los planes sectoriales,
territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales,
estratégicos ministeriales, estratégicos
institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y
otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en
concordancia con el plan de desarrollo económico y social”.
Además, el dinero estará bajo absoluto
control gubernamental. Los incisos III y IV establecen que los recursos del
Presupuesto General del Estado al igual que aquellos que provengan de la
cooperación internacional se
enmarcarán y serán canalizados de acuerdo a los lineamientos estratégicos del
Plan.
El Ministerio de Planificación del Desarrollo
es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación del plan, mientras
que los ajustes al mismo se realizarán
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley 777, de 21 de
enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado.
Y este es otro punto que fue catalogado como
“muy grave”, porque ese artículo señala que “las modificaciones parciales,
complementarias o de forma, al
programa de desarrollo, se aprobarán mediante Decreto Supremo”.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos
Alarcón, cuestionó ese artículo y aseguró que se abre paso “al decretazo para
aniquilar la independencia de los órganos del Estado, las regiones y también la autonomía universitaria”.
En este tema, Centa Rek fue muy contundente.
“Este es un caso único, se están haciendo leyes para que la Asamblea
Legislativa no legisle, es decir, la están clausurando, la están
cerrando. Ahora el Ejecutivo puede
cambiar las leyes a su antojo”, dijo en su intervención.
Reacciones
La norma se aprobó la madrugada del feriado
de Todos Santos, además cuando la coyuntura y el debate político de la
seguridad interna del país está centrada en la presencia de grupos irregulares armados que el jueves pasado
secuestraron por siete horas a 17 personas, varios periodistas entre
ellos, en la propiedad Las Londras, de Guarayos.
Pese a eso, las reacciones de los
sectores afectados no se han hecho
esperar.
El concejal de UCS, Maikol Negrete, fue el
vocero de la posición que tiene el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández
sobre el tema. Señaló que la norma viola
la autonomía municipal, lamentó que en la elaboración no hubieran participado
las entidades territoriales autónomas, conforme a la que expone el artículo 316
de la CPE.
Advirtió que la obligatoriedad que establece
el proyecto de ley sobre los gobiernos subnacionales viola al menos cinco artículos de la Constitución, porque
controla sus presupuestos de inversión, ingresos y gastos.
Complementó que el presupuesto de los
gobiernos subnacionales, en este caso de la Alcaldía cruceña, fue aprobado en base a su autonomía.
Según Negrete, la nueva ley pretende modificar estos actos y controlar
los gastos de inversión. Finalmente, dijo que se encuentra fuera de la
realidad de las regiones, menciona el modelo económico basado en la agenda
2020-2025, que excluye a los gobiernos subnacionales y a la universidad, y que
hasta ahora ha sido aplicable a estos actores, que no son parte del
centralismo.
Por su parte, el secretario administrativo
financiero del Gobierno Municipal de Cochabamba, Mauricio Muñoz, señaló
que la Alcaldía realizó un
análisis profundo de la norma, como una entidad territorial autónoma
directamente afectada por su contenido.
“Esta norma representa un enorme retroceso
para las conquistas alcanzadas por las regiones. La intención de que se puedan ejercer autonomías plenas en las nueve
capitales permitían generar sus propios impuestos y planes
específicos de acción”, dijo.
Pero, con esta ley el gobierno central “tiene
un objetivo, que es definitivamente controlar absolutamente todo, y que las
decisiones vengan desde La Paz. Todo esto se había descentralizado con las autonomías y la ley Andrés Ibáñez,
que estaba en vigencia”, acotó.
El funcionario consideró que esta
determinación afectará a los
vecinos, que en realidad son quienes tienen necesidades.
“En el municipio de Cochabamba habíamos
llegado a una descentralización absoluta”. Explicó que con los recursos de
participación popular, la Alcaldía iba barrio por barrio “para que sea el
vecino el que decida cuál es su prioridad. Un parque, iluminación, servicios básicos o un distribuidor.
Pero ahora tendrá que definirse en La Paz, sin conocimiento de las
necesidades”, acotó.
CON CAMBIOS DE
ÚLTIMO MOMENTO, SE APROBÓ EN SENADO LA LEY DE ASCENSOS DE LAS FFAA
Entre las 2:00 y las 5:20 de la madrugada de
este martes 2 de noviembre, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley de
ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA).
El proyecto fue tratado después de sancionar
la Ley sobre el desarrollo económico y social. A esa hora, sin previo
aviso, se procedió a leer el texto
de la mencionada norma, con varios cambios.
La oposición fue
sorprendida porque el texto del proyecto que
se distribuyó a todos los asambleístas el lunes, fue cambiado en varios
aspectos.
La ley de ascensos de las FFAA tiene 20 artículos, una disposición adicional y una
disposición final. Tras su aprobación fue remitida a la Cámara de
Diputados, para revisión. Las modificaciones que a última hora hizo el MAS a
este proyecto tuvieron el objetivo de quitar la presencia del Ministro de
Defensa en las comisiones de evaluación para los ascensos.
El nuevo proyecto ya no incluye al Ministro
de Defensa en el Tribunal de Ascensos, tampoco
le da atribución de sugerir promociones ni de realizarlas con el
decreto ministerial.
Es facultar del Ejecutivo coordinar en busca del desarrollo de cada región y
del país”