El Gobierno del presidente Luis Arce se encuentra asediado por conflictos a raíz de tres leyes. Diferentes sectores miden fuerzas, en medio de acusaciones de desestabilización, daño económico y afectación a los bienes de las personas, anticonstitucionalidad, fines políticos, entre otros.

El rechazo a la Ley 1386 sobre Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo se traducirá en un paro nacional indefinido, el próximo 8 de noviembre. Anteriormente, se registró un paro de 24 horas contra esta “Ley madre”. Autoridades nacionales lo calificaron como un fracaso y descartaron su abrogación, más al contrario invitaron a los sectores movilizados a participar del reglamento.

También está la norma sobre ascensos de las Fuerzas Armadas (FFAA), que se encuentra en el Senado, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). Si bien la decisión de quien será el encargado de sugerir los nombres de las próximas máximas autoridades de la institución castrense no está definida, desde la oposición temen que en la reglamentación se cometan arbitrariedades.

Por otro lado, la Ley 348 que permite el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 genera rechazo entre los legisladores de oposición que alertan sobre la inconstitucionalidad y la falta de consenso.

LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS

El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó, según reportó Oxígeno, que el paro en contra de la Ley 1386 “busca impunidad por paz y tranquilidad”, hecho que, dijo, no se acepta y menos se negocia.

“Estas amenazas con desestabilizar el país o con generarle daño económico a Bolivia serán sin lugar a dudas evaluadas por el pueblo boliviano en el momento oportuno cuando tengan que tener una expresión sobre la conducta que asumen los sectores de oposición al Gobierno”, sostuvo.

Entre tanto, el Ministerio de Economía, lleva adelante un proceso de socialización de la norma, en busca de explicar los alcances y el espíritu de la norma que es rechazada.

Son al menos cuatro sectores que se sumaron a la medida del próximo 8 de noviembre convocada por el sector gremial. Está el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), además del autotransporte y las plataformas ciudadanas que también anuncian bloqueos en diferentes regiones del país. El Comité Cívico pro Santa Cruz analizará hoy si se suma a la medida de presión.  

Uno de los artículos más polémicos establece que la norma podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, sin pasar por el Legislativo. Desde el Conade hicieron 11 observaciones basadas en el intento de “imponer un totalitarismo económico y financiero”, y la falta de investigación de los delitos de narcotráfico.

En las últimas horas, transportistas de Santa Cruz, y un grupo de gremiales que aseguró tener la representación de los gremiales a nivel nacional descartaron las medidas de presión. También está la Central Obrera Boliviana (COB) y Pacto de Unidad con sectores afines al MAS que prometen “resistir” a lo que consideran un intento de desestabilización y ataque al gobierno de Arce con fines políticos, afectando la reactivación económica del país.

MILITARES

La Ley de Ascensos de las FFAA ya no incluye al Ministro de Defensa en el Tribunal de Ascensos para las tres fuerzas, como sucedía con la Policía y el Ministro de Gobierno, y tampoco le da atribución de sugerir promociones ni de realizarlas con el decreto ministerial, sin embargo, deja su reglamentación a cargo del Gobierno.

Desde la oposición advierten que se busca legalizar lo que se hacía en el gobierno de Evo Morales, ascender por favores políticos. El malestar se extiende a los militares en reserva.

El año pasado, durante la gestión de Jeanine Áñez, se denunció la aprobación de los ascensos por decreto, pasando por la Asamblea Legislativa, lo que se frenó en el gobierno de Arce y fue calificado como un acuerdo para el “golpe de Estado”.

La semana pasada, en el Senado también se aprobó, en el marco de la nueva ley 1387, el ascenso al grado de general del actual comandante de la Policía, ahora general Jhonny Aguilera, así como de los coroneles Orlando Ponce y Álvaro Álvarez, pese a observaciones de incumplimiento del principio de meritocracia. 

ECONOMÍA

La tercera norma en medio de la polémica (la 348) es la relacionada con el desarrollo económico por la que piden resistir en las calles. Argumentan que vulnera la Constitución Política del Estado y las Autonomías.

“La ley busca mayor estatización de la economía concentrando todo el poder para el gobierno e invirtiendo en las mismas empresas estatales que ya fracasaron. Forma parte del paquete de leyes totalitarias del MAS”, denuncia el jefe de bancada de Creemos, el diputado Erwin Bazán. 

A su vez, advierte que no fue socializado en las universidades, alcaldías o gobernaciones, que serán las principales afectadas.

Desde Unidad Cívica Solidaridad (UCS), citado por El Deber, hay cinco argumentos de inconstitucionalidad, como por ejemplo, que autoridades electas por el voto popular no pueden estar al mano de los sectores corporativos del MAS.

El concejal Maykol Negrete, reclamó porque el Gobierno pretenda asumir el control de presupuestos, gastos, inversión y de las autonomías, incluso sobrepasando la planificación que es exclusiva del municipio en concordancia con el nivel nacional y departamental. Se suman los factores de redistribución de recursos. 

La ley está compuesta por seis artículos y un anexo en los que se detalla los 10 ejes del plan de desarrollo económico.

La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, explicó que la norma está referida a la estabilidad económica, la industrialización con sustitución de las importaciones y la reconstrucción y sostenibilidad macroeconómica para los próximos cinco años, así como las temáticas relacionadas con salud, justicia, integración, culturas, descolonización y despatriarcalización. 

La inversión para el próximo quinquenio será de más de 33.197 millones de dólares, siendo el 53% para el sector productivo.

Citada por ABI, también explicó que el plan cuenta con 10 ejes de acción, articulados a los 13 pilares de la Agenda Patriótica.