El cuarto intermedio en la demanda de abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo concluye este 7 de noviembre y el 8 se activan las movilizaciones y el paro indefinido anunciado por gremiales, transportistas, plataformas ciudadanas y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade). El Comité Cívico pro Santa Cruz analizará su participación.

Pese a los cuestionamientos del Ejecutivo central y descalificar este movimiento, al sostener que se trata de una acción política, los sectores movilizados expresaron que se trata de una medida ciudadana que busca revertir una norma que no fue consultada y que atenta contra los intereses de los pobladores.

Los gremiales refieren que en el anexo de la Ley 1386, norma de 7 artículos y un par de disposiciones, considera la “problemática de la Informalidad”, en el que se señala que “la prevalencia de condiciones de informalidad da a las organizaciones criminales la posibilidad de abrir negocios y consumir con mayor facilidad sus ingresos procedentes del delito les permite subsistir de forma permanente en el sector informal sin mayores riesgos de ser detectados”.

“La informalidad genera numerosas oportunidades para que el delincuente pueda ingresar a la economía el producto del delito y puedan ser llevadas a cabo en forma anónima y sin dejar ningún tipo de registro que permita su detección por las autoridades”, menciona.

En ese contexto, establece la necesidad de “desarrollar una estrategia nacional de lucha contra este fenómeno que podría invadir los mercados y el sector informal como suele ocurrir en jurisdicciones con regímenes de control y represión laxos”.

“No sólo es esta observación, hay muchas más, pero lamentablemente el Gobierno no nos escucha y se reúne con sus afines para decir que están consensuando e indicar que no existe mayor oposición. Nosotros no estamos de acuerdo con esta norma, pedimos su abrogación”, señaló el dirigente gremial de El Alto, Toño Siñani.