El proyecto de ley que viabiliza por cinco años el “Plan de Desarrollo Económico y Social” del Gobierno fue aprobado por la Cámara de Senadores la madrugada de este martes. La norma establece una inversión pública en el sector productivo de más de $us 33.000 millones en el quinquenio.

Tras su aprobación el documento fue remitido al Ejecutivo para su promulgación por el presidente Luis Arce.

La norma fue observada por los legisladores de oposición porque consideran que anula la autonomía regional “obligando” su cumplimiento a nivel del gobierno central y subnacionales. En tanto, el oficialismo defendió la ley rechazando los cuestionamientos.

Al respecto, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Gutiérrez, explicó que en los próximos cinco años, más de $us 33.000 millones se invertirán en el país, recursos que serán obtenidos con la industrialización de los recursos naturales.

“Rechazar, oponerse a este Plan de Desarrollo del Estado Plurinacional es estancarnos, retrotraernos al pasado y continuar con esta situación de las cosas que estamos atravesando actualmente”, declaró a los medios.

En tanto, la senadora de Creemos, Centa Rek indicó que con la norma se acaba la autonomía regional. “Es de cumplimiento obligatorio, el plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, alertó a través de las redes sociales que con esta ley el Gobierno de Luis Arce, pretende “pulverizar” la independencia de los órganos del Estado y la autonomía universitaria, a través “decretazos” que autoriza aplicar el Plan de Desarrollo Económico y Social.

“Lo más grave es que el MAS ni siquiera ha leído la Constitución, que ellos mismos han impulsado su aprobación. Qué dice el Artículo 317, pues señala que el Estado garantizará la creación, la organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”, dijo al reiterar que lo estipulado en la Carta Magna no se cumple.