Los dos componentes del título tienen definiciones fácilmente comprensibles para cualquier persona que sepa leer y escribir.

La ley del embudo es una frase coloquial que resume una conducta de desigualdad que aplica la norma estrictamente a unos y de manera complaciente a otros, dejando una injusticia evidente en la que vence el más fuerte y  que atenta contra el justo principio de la equidad.

Por el otro lado, la marcha indígena ha sido un evento acompañado de titulares durante 37 días de caminata entre Trinidad y Santa Cruz y que supera los 30 días de espera para ser tomada en cuenta y escuchada por el Gobierno.

Resulta conceptualmente incomprensible esta conducta asumida por un gobierno que se prodiga en discursos en favor de la Madre Tierra y los habitantes que en ella viven. No se trata, finalmente, solamente de la demanda de pueblos indígenas originarios que exigen ser escuchados; corresponde el reconocimiento a la calidad de ser ciudadanos con derechos. Si el Gobierno no quiere escucharlos porque le incomoda una voz legítima distinta a la suya, tendrá que hacerlo porque son bolivianos.

¿Hasta cuándo querrá el Gobierno mantener esta conducta despreciable? Recordemos que la ley del embudo la practica absolutamente con todos los que, siendo opositores legítimos, adquieren la calidad de adversarios y enemigos para los que busca su destrucción. ¿Hasta cuándo aplicará el silencio, esperando que languidezcan por cansancio? Esta marcha es heredera de la primera que se inició el 16 de agosto de 1990 y que, encabezada por Ernesto Noé, Tomás Ticuazu, Raúl Nosa, Marcial Fabricano, Honorato Moi, Antonio Coseruna y con el redoble del tambor, propusieron la defensa de la dignidad y el territorio. A esa fecha, es imposible olvidar la octava marcha y la violencia en Chaparina, en septiembre del 2011.

La marcha actual exige una definición del Gobierno frente a la ley del embudo que aplica en favor de los colonos interculturales que avasallan los territorios indígenas y los parques naturales; la marcha cuestiona aspectos que van desde la irresponsabilidad en la entrega de tierras sin respetar su cualidad indígena, el monopolio de los partidos para su representación política y esboza una estructura de autogobierno en el marco del orden parlamentario instituido por la Constitución. Y como es evidente que el Gobierno no tiene la más mínima intención de atender estas demandas, la convocatoria plantea alianzas con los gobiernos territoriales, con la sociedad civil organizada y movilizada y con las organizaciones políticas lealmente comprometidas con la marcha y sus demandas.

Esta es una oportunidad extraordinaria para que las demandas indígenas adquieran la calidad de propuestas estatales para la sociedad nacional, que construya alianzas que las fortalezcan, perfeccionen el funcionamiento de las autonomías indígenas y TCO existentes y revisen la representación parlamentaria indígena. Este es el momento para superar el enfrentamiento racial y étnico propuesto por el MAS y para que se perfeccione la ocupación equilibrada y sostenible del territorio.

¿Cuándo debatiremos en serio el proceso migratorio del campo a las ciudades que está vaciando las zonas de producción? ¿Cuándo dejará de ser la tierra un instrumento de transacción comercial que concluye en los negociados más bochornosos?

A las voces nacionales, la preocupación internacional sobre lo que ocurre en Bolivia contra los pueblos indígenas y la tierra no ha dejado de escucharse reiteradamente. El ambientalista uruguayo Eduardo Gudynas a dicho “Ironía: (…) en Bolivia, indígenas otra vez movilizados en defensa del Tipnis ante el Gobierno”; y Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, dijo: “La lucha por el Tipnis en Bolivia es la lucha por la vida en todo el planeta”.