Los procesos de transformación política y social en Latinoamérica en las últimas décadas evidenciaron la cualidad democrática insuficiente de los textos constitucionales, que esencialmente, luego de los procesos independentistas, estuvieron basados en contenidos occidentales en prácticamente todos los casos, además de haber sido aplicados en espacios territoriales post coloniales, que, por supuesto han carecido fundamentalmente de elementos de integración social y de legitimidad plena.

Debido justamente a la desconexión de dichas constituciones con la realidad social, económica, política y cultural de los países en donde fueron desarrolladas, se propugnaron la formación y consolidación de Estados liberales de derecho, en los cuales por supuesto, nominalmente, se garantizaban los derechos fundamentales políticos, civiles, etc., pero sin la garantía, en absoluto, entre otros, de la igualdad de oportunidades y la participación política de la sociedad en todo lo que al Estado le concierne, ya no solamente como meros actores electorales, sino en la toma de decisiones, a través de la voluntad popular y su legitimidad, con la finalidad de apuntalar un nuevo constitucionalismo con características endógenas, dirigido a la construcción de un Estado social y democrático de derecho, teniendo como instrumento principal a las Asambleas Constituyentes, canalizadoras de un nuevo paradigma, basado en la transformación constitucional como fundamento de cambios profundos y estructurales, para la proyección de un “nuevo” Estado. Los ejemplos históricos más importantes y puntuales de ese “nuevo paradigma constitucional latinoamericano” se dieron en Ecuador (CPE 2008) y Bolivia (CPE 2009), desde ya, procesos constitucionales con tesituras distintas, pero con la finalidad de alcanzar objetivos de transformación para replantear el esquema estatal. El caso más reciente, es Chile, que luego de las trascendentales movilizaciones sociales de 2019, ha puesto el proceso de renovación constitucional en marcha, proceso que apunta a expresar la voluntad ciudadana para dar fin a una constitución labrada entre sables y fusiles.

Ahora bien, el caso de la Constitución boliviana de 2009, fruto de la agenda de octubre de 2003, principalmente, pero también de la lucha incansable de mujeres y hombres, que por décadas hicieron frente a dictaduras militares cruentas, a gobiernos autoritarios, violentos e ilegítimos, que, por medio de la persecución, represión y violencia, intentaron acallar sus voces, condenándolos al ostracismo y a una especie de destierro en su propio suelo; cientos de miles de bolivianas y bolivianos, en su mayoría anónimos, que fueron víctimas de un sistema político y social desigual, discriminador y excluyente, vieron sus anhelos y esperanzas reflejadas en un promisorio, aunque complejo proceso de renovación constitucional, que impulsaría y consolidaría el desarrollo de políticas sociales por medio de la protección real de sus derechos, en relación con la adecuada y sobre todo balanceada administración del poder; en definitiva, un cambio total de paradigma de Estado.

Dicho paradigma, por el que miles de bolivianos y bolivianas ofrendaron sus vidas, fue ilegal y abruptamente quebrado por las ambiciones personales y partidarias de una clase política, no tan nueva, que prácticamente desahució la esperanza de la renovación estructural profunda del Estado. El proceso constituyente que prometió la posibilidad de abrir una puerta para la consolidación de la nueva Bolivia fue defenestrado por el despotismo con tintes mesiánicos de un caudillo que, en cierto momento, prometía llevar adelante un gobierno mínimamente respetuoso de la voluntad del pueblo, que en una gran mayoría le brindó su apoyo, en más de una oportunidad. Esa ruptura constitucional, que posteriormente desembocó en un total caos, y en un vacío de poder, aprovechado por las cúpulas opositoras quienes justamente embargaron el poder y el país, también de manera ilegal e ilegítima, con las consecuencias funestas conocidas, es resultado, por supuesto, de la falaz intención y condenable decisión de prolongarse y amarrarse en el poder a como dé lugar, sin calcular costo alguno, sea político o humano, incluso por medio de la repulsiva manipulación y control del sistema judicial, y del Tribunal Constitucional, que mantiene la vital competencia de velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales de toda la población.

Dicho extremo pone en evidencia, no solamente la manipulación política, sino, la despreciable compra de conciencias a cambio de beneficios personales, y por sobre todas las cosas la violación flagrante de la voluntad ciudadana que fue llevada a las urnas por un inconcebible capricho megalomaníaco, que por mayoría, denegó la modificación del texto constitucional para la re postulación, con efectos vinculantes y por ende de obligatorio cumplimiento, fundamentalmente para los que plantearon la reforma, violando los derechos y libertades de cientos de miles de bolivianos, y ocasionando por otro lado un daño económico sustancial al Estado.

Los hechos descritos, vox populi para muchos, pero olvidados e ignorados por conveniencia, o amnesia selectiva de otros, no hacen más que comprobar que la constitución boliviana fue herida de muerte y aún se desangra, que el proceso constituyente boliviano resultado de la lucha del pueblo y no de un partido político o de un personaje, fue contaminado y deshonrado por la repugnante ambición de pocos, que el nuevo paradigma constitucional, esperanza de millones, se ha visto extraviado y sin norte; mientras la violación flagrante de los derechos y garantías constitucionales continua ferozmente en todos los niveles y ámbitos del Estado, sin discriminación ni reparo alguno, erosionando día a día el ya menoscabado estado democrático y de derecho en Bolivia.