Durante la madrugada del feriado de Todos Santos, el MAS aprobó por mayoría la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”. La oposición rechaza la normativa y denuncia que  atenta contra la autonomía.

“El plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, aseveró la senadora Centa Rek, de Creemos.

Su observación se replica en varios legisladores que se han opuesto a la norma desde la semana pasada. Apuntan al Artículo 4  que establece que el plan es de aplicación y ejecución obligatoria para el Legislativo, el  Ejecutivo, las empresas públicas, el  Órgano Judicial, el  Órgano Electoral, el  Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y las universidades públicas.

“Está claro que quieren meter mano  a los bolsillos de las universidades, alcaldías y departamentos, porque eso indica la ley, que es de cumplimiento obligatorio. Si su presupuesto no está  bajo esta norma, no tendrán un presupuesto  consolidado, éste se tratará en el Parlamento donde tenemos la mayoría  del MAS”, manifestó el senador Rodrigo Paz.

Hizo énfasis que el parágrafo II,  de la disposición adicional única, obliga a las gobernaciones y  alcaldías  a elaborar o adecuar sus planes regionales   al plan nacional en un plazo de  180 días a partir de la publicación de la norma aprobada.

La ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza, aseguró que la norma no atenta contra las autonomías regionales y que sólo define la necesidad de coordinación. 

“Hay un desconocimiento total de  nuestra Constitución Política del Estado (CPE),  que señala que el plan     es una competencia privativa del Gobierno central. Las alcaldías y gobernaciones  elaboran sus propios planes, pero deben estar hechos en coordinación de la planificación nacional, según la Ley 777 del 21 enero de 2016”, detalló la autoridad a Gigavisión.

Ambas normas mencionadas por la autoridad señalan que es competencia  exclusiva de los   gobiernos autónomos su planificación de desarrollo, en concordancia con el plan nacional.

“(En el caso de las alcaldías)  el articulo 302 de la CPE dice en  concordancia, no sometida ni obligatoria, por eso la ley viola la autonomía municipal”, sostuvo el concejal Maykol Negrete, de la capital cruceña,  por UCS.

Un plan sin consenso

El articulo 316 de la CPE, numeral uno,   establece que la función del Estado en la economía consiste en conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. Además que la ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.

En su articulo 317 añade que para tal efecto “el Estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de una entidad de planificación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”.

“Es este ente el que debe realizar el plan y no el Ministerio de Planificación. Se debe hacer con representación de todas las instituciones públicas y civiles para que tenga validez y es algo que no ocurrió”, observó  el  diputado Carlos Alarcón, de CC.

Negrete añadió que el Gobierno argumenta que se realizaron nueve cumbres, pero que en ninguna participaron los gobiernos autónomos  ni  los sectores productivos ni las  universidades.

¿Qué contiene el plan?

De acuerdo con  un informe de la  Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, el  plan  contiene 10 ejes de acción:  reconstrucción de la economía, industrialización, seguridad y soberanía alimentaria, educación, salud, reforma judicial, medio ambiente, cultura y relaciones internacionales.

Entre sus metas está alcanzar para el país  una tasa promedio de crecimiento -entre 2021 y 2015- de 5,1% y reducir la pobreza a 19%.

Esta norma, sumada a la Ley de Ascensos de  las FFAA, reflota la tensión a días de un paro nacional contra la ley “madre”.

Centa Rek, Creemos

Carlos Alarcón, CC