Acaba de publicarse el prestigioso “Indice de estado de Derecho 2021” disponible en https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021 y elaborado anualmente por el WJP (Proyecto de Justicia Mundial) que mide el desempeño durante el 2020 de 139 países en el orbe, con base a estos 8 factores: Límites al poder gubernamental; ausencia de corrupción; gobierno abierto; derechos fundamentales; orden y seguridad; cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal. En esta ocasión, el reporte alcanzó a más de 138.000 hogares y 4.200 expertos, tratándose del primero elaborado durante la pandemia por el COVID19 declarada el año pasado.

Mide la percepción y la experiencia de la población en general con el estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas, presentando información confiable y oportuna para legisladores, inversores, académicos y otros interesados. Es en la actualidad, uno de los mejores termómetros utilizados a nivel global para calibrar la confiabilidad de los estados, pues el estado de derecho constituye la otra cara de la democracia.

A nivel global muestra que las tendencias previas ya negativas, se han deteriorado aún más; pues son más los países que disminuyeron sus promedios (74,2%) que los que los incrementaron; lo que afecta al 84.7% de la población mundial, es decir 6.5 mil millones de personas. Un ejemplo de ese deterioro consiste en que en el 94% de los países, aumentaron las demoras en sus procedimientos administrativos, penales o civiles.

Globalmente, los mejores promedios los obtuvieron Dinamarca, Noruega y Finlandia y, los peores, la República Democrática del Congo, Camboya y, claro, no podía faltar, Venezuela.

¿Cómo le fue a nuestra Bolivia? Durante el 2020 que es lo que mide este informe, aumentó menos del 1%, ocupando el lugar 129 de 139 países a nivel global (subió 2 puestos) y, el 29 de 32 en la región, sólo por encima de Nicaragua, Haíti y Venezuela. Los mejores índices en la región lo tienen Uruguay (25/139), Costa Rica y Chile.

En nuestro caso, el “mejor” promedio obtenido es el factor de gobierno abierto con 98/139 globalmente y 27/32 regionalmente. Luego, vendría el factor de los Derechos fundamentales (100/139 y 28/32); Cumplimiento regulatorio (118/139 y 28/32); Límites al poder gubernamental y también Orden y seguridad (124/139 y 28/32); Ausencia de corrupción (131/139 y 31/32) y, donde estamos aún peor es en los factores de justicia civil (137/139 global y 31/32 regional) y, en justicia penal logramos el puesto 138/139 y 31/32. Estamos en el podio, pero al revés.

Sin duda, más allá que se trate de percepciones, el informe 2021 que mide nuestro desempeño del año pasado refleja de forma cercana el estado del arte del estado de Derecho y, constituye una fabulosa herramienta no sólo para identificar y confirmar esos nuestros crónicos déficits; debiera servir también para separar la paja del trigo y emprender políticas públicas orientadas a superar a mediano y largo plazo esos vergonzosos puestos, sólo superados por los desastres de las tiranías nicaragüense y venezolana y, el estado ahítiano siempre debilitado por su permanente desinstitucionalización y desastres naturales, entre otros.

Ojala sirva para mostrarles a quienes tienen el poder de decisión o gravitan en esos ámbitos, que lo que al ciudadano le interesa no son las permanentes e inútiles champa guerras entre golpe vs fraude u otras controversias que a la mayoría nos tienen asqueados, sino deben emplear sus energías (para eso les pagamos y bien, con nuestros impuestos) a organizar y especialmente implementar políticas públicas que sobrevivan a los cambios de gobierno que beneficien a los ciudadanos y no sólo –y formalmente- a sus conmilitones. El índice 2021, sumado a los anteriores en los que tampoco salimos bien librados, nos muestra el aplazo permanente de la clase política y la poca incidencia sino complicidad con la que los ciudadanos toleramos ese poco prolijo manejo que hacen de nuestros intereses públicos. No olvidemos aquello de LUTHER KING: “La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente”.