Medio: ANF
Fecha de la publicación: domingo 31 de octubre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El Comité en Defensa de la Democracia (Conade), plataformas ciudadanas, gremiales y transportistas anunciaron que irán al paro nacional indefinido desde el 8 de noviembre, en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La Central Obrera Boliviana (COB) se declaró en emergencia y anuncia resistir a esa movilización.
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La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia resolvió dar un plazo hasta el 7 de noviembre para que el Gobierno anule la Ley 1386, caso contrario pondrán en marcha una medida de presión de carácter indefinido.
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"En el ampliado del 28 de octubre se ha decidido que el Conade se suma al paro nacional indefinido a partir del 8 de noviembre que convocó el sector gremial, el Gobierno tiene un plazo de ocho días para abrogar la Ley 1386", señaló el presidente del Conade, Manuel Morales.
Ante este anuncio, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, advirtió que no permitirán que sectores de la derecha intenten desestabilizar el Gobierno de Luis Arce, por lo tanto, junto al Pacto de Unidad se declararon en estado de emergencia.
"La Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad nos hemos declarado en estado de emergencia ante cualquier intento de desestabilización. En este momento la población necesita trabajar y no vamos a permitir que sectores de la derecha intenten frenar la reactivación económica", dijo el dirigente.
Tras un ampliado, la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia resolvió dar un plazo hasta el 7 de noviembre para que el Gobierno anule la Ley 1386, caso contrario pondrán en marcha una medida de presión de carácter indefinido.
El máximo dirigente de esa organización, Francisco Figueroa, dijo que se asumió la determinación con sectores del transporte y médicos. A la vez pidió la colaboración de comités cívicos y plataformas ciudadanas para llevar adelante esa protesta.
La respuesta no se dejó esperar, las plataformas ciudadanas aseguraron que respaldarán esa movilización. Julio Alvarado miembro de ese sector consideró que la norma vulnera los derechos de la población y contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
“Mientras el señor Luis Arce Catacora esté discurseando a un año de su gestión nosotros, las plataformas ciudadanas nos acoplamos a la movilización y al paro que se va realizar el día 8 de noviembre. Tenemos una reunión del bloque de unidad con Conade, comités cívicos y plataformas ciudadanas”, puntualizó Alvarado.
La norma
El anexo de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas apunta al sector informal, que es considerado como generadora de “numerosas oportunidades” para el ingreso de recursos ilegítimos a la economía.
Por otro lado, en el punto de Técnicas Especiales de Investigación, la norma propone incluir en el Código de Procedimiento Penal el uso de algunas técnicas: arresto diferido, entrega vigilada o agente encubierto. Además, se plantea el uso de la escucha de llamadas.
/EUA/NVG/
